La pulseta entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) recrudece al ingresar al terreno de las demandas. Los casos por los que interpusieron denuncias son: gases lacrimógenos, ascensos de las FFAA y la supuesta acción de impedir que lleguen insumos para luchar contra la Covid-19.
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El MAS, que es mayoría en la ALP, denunció a tres ministros. Desde Defensa se procesa a los presidentes de ambas cámaras.
La pulseta entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) recrudece al ingresar al terreno de las demandas. Los casos por los que interpusieron denuncias son: gases lacrimógenos, ascensos de las FFAA y la supuesta acción de impedir que lleguen insumos para luchar contra la Covid-19.
Asambleístas del MAS, fuerza que tiene mayoría en el Legislativo, denunciaron a los ministros de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Fernando López, y de Energía, Álvaro Rodrigo Guzmán. Mientras que desde el Ejecutivo se denunció a los presidentes del Senado, Eva Copa, y de Diputados, Sergio Choque.
El tema cobró vigencia porque el martes el Ministerio Público informó que se admitió la demanda en contra de Copa y Choque.
La denuncia fue interpuesta por el Ministerio de Defensa, que acusa a ambos legisladores por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes en el caso de los ascensos a altos grados de las Fuerzas Armadas (FFAA).
El artículo 160 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que una de las atribuciones del Senado es la de “ratificar” los ascensos -a propuesta del Ejecutivo- de las FFAA.
El Gobierno indicó que en febrero envió la nómina a la Cámara Alta. No obstante, hasta la fecha esa instancia legislativa no ratifica la lista.
Respecto al tema, Choque, presidente de Diputados, expresó que la competencia para ratificar los ascensos es atribución del Senado. Con ese antecedente, aseguró: “Esta es una situación totalmente política”.
El legislador agregó que los asambleístas están “amparados” en el artículo 151 de la CPE, que establece que gozan de “inviolabilidad personal” durante el tiempo de su mandato y con posterioridad a éste, sus opiniones o cualquier acto de legislación que realicen en el desempeño de sus funciones no podrán ser procesados penalmente.
Por otro lado, los legisladores del MAS Franklin Flores, Elvira Rojas, Sonia Brito, Edgar Montaño, Ayda Luz Villarroel, Juana Quispe y Remberto Calani interpusieron, el 4 de junio, una denuncia en contra de los ministros de Gobierno y de Defensa por la presunta comisión de delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones en la compra de gases lacrimógenos. La demanda fue admitida.
Ayer, el ministro Murillo indicó que el Ejecutivo gobierna en un contexto adverso. “Estamos gobernando con los dos tercios de la Asamblea Legislativa en contra, que hoy día rechaza aprobar créditos que estaban destinados a generar salud y bonificaciones a los bolivianos. Tenemos la justicia en contra y tenemos al Ministerio Público en contra. Hay que decir también que hay algunos fiscales que hacen su trabajo correctamente y hay algunos jueces que también lo hacen”, expresó.
El martes, la senadora del MAS María Oporto Balboa interpuso una denuncia contra el ministro de Energías, Rodrigo Guzmán, por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contra la salud pública por supuestamente impedir la llegada de insumos de bioseguridad para luchar contra la Covid-19. El ministro Guzmán rechazó las acusaciones.
