“Querida familia y hogares de Bolivia, voy a promulgar la ley convocando a elecciones el 6 de septiembre”, anunció la jefa de Estado, a través de un mensaje a la nación. La decisión fue comunicada luego que en la mañana sostuvo una reunión con el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, con quien analizó los estudios del Gobierno sobre los riesgos que conlleva la realización de elecciones en plena pandemia. Áñez aclaró que nunca tuvo ningún interés en prorrogar su gestión, pues sabe perfectamente que una de las tareas más importantes que se encargó a su autoridad, al llegar al cargo de presidenta, fue convocar a elecciones presidenciales para superar “la crisis de la democracia que generó Evo Morales y su fraude electoral”. “De este modo, dejo en claro que la única razón (por la) que acepté hablar de la postergación (de los comicios) era para evitar riesgos a la salud de la gente”, sostuvo la mandataria. Agregó que el Gobierno ahora pondrá todo su esfuerzo para que el proceso se lleve a cabo de forma ordenada y con el menor riesgo de contagio posible. “Pero en este tema de riesgo, quiero pedir al señor Evo Morales, Luis Arce Catacora y Carlos Mesa, que asuman con valentía la responsabilidad que tienen al haber exigido con tanta insistencia para que hagamos elecciones en plena pandemia”, insistió la presidenta. Además, señaló que en este momento las familias bolivianas no están pensando en elecciones, ni en política y menos en campañas, porque su preocupación está centrada en la salud y la falta de ingresos económicos. “Por eso, permítanme proponer que entre todos hagamos de estas elecciones la oportunidad para unirnos y avanzar en la solución de tres necesidades de la gente: unirnos para reconstruir una Bolivia democrática impulsando entre todos la recuperación de la economía; del empleo; y unirnos por la salud. Con estas reflexiones promulgo la ley, muchas gracias”, concluyó.

Antecedentes:

Los comicios generales debieron realizarse el pasado 3 de mayo, sin embargo, la pandemia del coronavirus evitó que se concrete ese objetivo. En un primer momento, el TSE planteó un proyecto de ley para que las elecciones generales se realicen entre el 28 de junio y el 27 de septiembre. No obstante, a fines de abril, la Asamblea Legislativa, controlada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), aprobó la Ley 1297 de Postergación de las Elecciones Generales 2020, que acortaba ese plazo, es decir, definió que el proceso se realice en 90 días, computables desde el 3 de mayo. Áñez rechazó esa norma, pues no se ajustaba a la propuesta del TSE, que proponía un plazo razonable, de acuerdo con criterios técnicos, logísticos y científicos, respecto a la evolución de la pandemia del coronavirus. En ese entonces, el Gobierno advirtió que la movilización de más 6 millones de personas para el día de la votación, en plena emergencia sanitaria, ocasionaría miles de contagios y decenas de víctimas fatales. Ante esto, a principios de mayo, legisladores de UD presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en contra la ley aprobada en el Legislativo, demanda que fue admitida y está en pleno análisis. Tras una serie de críticas en contra del MAS y luego de un acuerdo entre el TSE y partidos políticos, el Órgano Electoral, a inicios de este mes, presentó una nueva propuesta para que las elecciones se realicen en un plazo máximo de 127 días, computables a partir del 3 de mayo, es decir hasta el domingo 6 de septiembre de este año. La norma fue sancionada por el Legislativo y ahora, promulgada por la jefa de Estado.