Medio: La Estrella del Oriente
Fecha de la publicación: miércoles 24 de junio de 2020
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones nacionales
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Dijo que esta reunión del 15 de julio podría determinar si existen condiciones para que las elecciones se realicen con apropiadas medidas de bioseguridad, que otorguen plenas garantías para la salud de ciudadanos, jurados y autoridades electorales durante todo el proceso; así como la seguridad, que llegarán misiones completas de observación de la OEA, Unión Europea y de las Naciones Unidas, para estos comicios trascendentales. “Sin consignas, sin oportunismo y con claridad, eso es lo responsable, eso es lo correcto, eso es lo que Bolivia necesita”, manifestó a tiempo de señalar que con la falta de pruebas, la carencia de unidades de cuidados intensivos, la cuarentena caótica y los incrementos en Sudamérica, nadie puede estar seguro. Explicó que en medio de la angustia nacional, ante el coronavirus, su posición en tres reuniones a través de los delegados Libre21, y en persona el 2 de junio en el TSE, ha sido siempre la misma: el derecho a la vida tiene supremacía constitucional sobre otros derechos, y por eso el cronograma electoral debe establecerse, con
plena libertad y responsabilidad por el TSE, en función a la evolución epidemiológica; ese mismo TSE seleccionado por el Legislativo y el Ejecutivo, por el MAS y Demócratas. Aclaró que no sindicará de prorroguista al gobierno por el cambio permanente de las proyecciones del pico de contagios que cada ministro de Salud dijo en su momento; sin embargo, cuestiona los argumentos del Ejecutivo de promulgar una ley bajo presiones. “Gobernante que se queja de las presiones es como el marinero que culpa al mar; son gajes del oficio”, indicó. Recordó que “hace 15 años vimos que la ley del IDH no se promulgó, ni se observó. Hoy vemos que esta Ley de Elecciones sí se promulga y se observa. Esa figura no existe. Gobernar es decidir y una ley el Ejecutivo la puede promulgar, observar o puede activar recursos ante el Tribunal Constitucional. Una firma presidencial no es autógrafo, causa Estado y vale para todos”, precisó.



