El viernes 24 de enero del 2020, Jeanine Añez en un cambio de decisión y propuesta, lanza su candidatura presidencial, con la agrupación “Juntos”, conformado por el Movimiento Demócrata Social; Unidad Nacional; Soberanía y Libertad para Bolivia; Bolivia Somos Todos y Unidos para Renovar, considerando a la Vicepresidencia a Samuel Doria Medina, conocido empresario y político, fundador del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR).

La fecha inicial prevista para llevar a cabo las elecciones generales estaba considerada para el domingo 3 de mayo del 2020. El Tribunal Supremo Electoral (TSE), aplazó por 14 días el calendario electoral, creando una fecha provisional el domingo 17 de mayo, considerando la emergencia sanitaria por la COVID-19. Posteriormente en un acuerdo entre el Movimiento al Socialismo (MAS), que postula a Luis Arce Catacora a la presidencia y David Choquehuanca a la Vicepresidencia; Comunidad Ciudadana conformado por el Frente de Izquierda (FRI), Chuquisaca Somos Todos y la Agrupación Ciudadana Jesús Lara, que postula a Carlos Meza y Gustavo Pedraza y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), se estableció como fecha para las elecciones generales el 6 de septiembre, fecha que fue ratificada por la presidente Janine Añez el 21 de junio del 2020. 

En esta compleja coyuntura, donde la crisis económica, social y política se extiende y agudiza desde noviembre del 2019,  complementada por la pandemia de la COVID-19,  ingresamos en un nuevo escenario donde el poder político en la disyuntiva de continuar en el poder, justifica que la salud es lo primero y que hasta el 6 de septiembre habrán más de 130.000 infectados,  con este anuncio y en forma indirecta nuevamente genera temor en la población y presiona a los municipios a tomar decisiones para ingresar nuevamente a cuarentenas rígidas, controladas por las fuerzas del orden.

Desde el 21 de marzo, fecha que fue promulgada la 1ra. Cuarentena a nivel nacional y hasta el 22 de junio, llevamos 93 días de inactividad productiva con un acelerado incremento de la deuda externa por los préstamos realizados, que hasta la fecha suma la cantidad de 2.392.572.646 $US.

En el presente cuadro se detalla los créditos y donaciones realizadas a Bolivia por institucionales nacionales e internacionales para enfrentar el COVID-19:

Con el incremento acelerado de la deuda externa, infectados por la COVID-19, el anuncio del gobierno del Brasil de suspender la importación de gas de Bolivia por fuerza mayor, que previamente acordó comprar 14.000.000 mts3 por día, la paralización del sistema productivo, transporte e industrias, nos acercamos a una crisis económica que ya se la empieza a sentir en la población, en esta crisis económica y financiera, la COVID-19, pasa ya a un segundo plano, considerando que hasta la fecha se tiene más de 24.388 personas infectadas, con muchas más por confirmar por falta de reactivos, y control de testeo,  y que con seguridad se irán incrementando en forma acelerada por la estación de invierno que estamos atravesando.

Para salir de la crisis política, se requiere de soluciones inmediatas y adecuadas que permitan generar condiciones para retornar a las actividades normales buscando un consenso en base al movimiento ciudadano registrado en los meses de octubre y noviembre del 2019, entre las cuales se podrían considerar las siguientes: Presionar al Tribunal Supremo Electoral (TSE), y Tribunal Constitucional Plurinacional para que el Movimiento al Socialismo (MAS), pierda la personería jurídica y se inhabilite de por vida a Evo Morales y Álvaro García Linera, por transgredir el artículo 169 de la Constitución Política del Estado, que expresa;  que el mandato de la Presidencia y Vicepresidencia del Estado es por 5 años, pudiendo ser reelectos de manera continua por una sola vez, ambos dignatarios contraviniendo la Carta Magna buscaron una reelección indefinida, orientado la democracia a un sistema  político unipartidista propio de los Estados socialistas y comunistas donde el autoritarismo y dictadura es la característica principal.

Asimismo, todas las instituciones, comités cívicos y población en general deberían pedir que la actual presidente de Bolivia, Janine Añez, cumpla su promesa contraída con Bolivia, de ser un “gobierno de transición”, y que lleve adelante elecciones neutrales, sin ser juez y parte y permitir de esta manera, salir de la crisis política en beneficio de Bolivia.

En este hipotético escenario, de realizar las elecciones generales sin el Movimiento al Socialismo y sin la agrupación actual gobernante se podría renovar el escenario político y los actores que gobiernan Bolivia, y continuar de esta manera con todos los procesos legales pendientes para sancionar los actos de corrupción cometidos en el gobierno del MAS y del actual gobierno.

En caso de considerar en las elecciones generales, a los actuales partidos políticos, la amenaza de que el MAS, retorne al poder será un hecho, porque existe una gran polarización entre los actuales partidos políticos que dispersarán los votos en beneficio del MAS, partido que gobernó Bolivia durante 14 años bajo el control absoluto de los poderes del Estado, con la característica del autoritarismo y corrupción de las instituciones del Estado.

La COVID-19, y el proceso eleccionario, todavía generarán una complejidad de manifestaciones y demandas sociales para llegar a su culminación el 6 de septiembre, es importante que la población que se movilizó en los meses de octubre y noviembre del 2019, aún sometidos a la cuarentena, exprese y manifieste en forma soberana su voluntad política, ya que el gobierno de turno no lo pudo hacer, pese haber estado bajo su responsabilidad la administración del Estado.

Las condiciones para llevar adelante el proceso eleccionario no están dadas, las elecciones deberían postergarse por el tiempo de un año, para que puedan conformarse nuevas agrupaciones ciudadanas y partidos políticos, aperturar nuevamente el padrón electoral y organizar elecciones sin el MAS y el actual gobierno. El sistema político, requiere ser renovado en su integridad, para dar oportunidad a nuevos actores en la conducción y   administración del Estado bajo normas establecidas en la leyes y Constitución Política del Estado.