Esa descripción periodística fácilmente podría mostrar la actual crisis sanitaria. Hace pocos días, un moribundo, contagiado de COVID-19, luego de un recorrido por varios nosocomios colapsados, en ninguno querían recibirlo, no le quedó otra salida: escenificar su muerte y, a la vez, dejar un testimonio simbólico de la hecatombe sanitaria. El hombre agonizante envuelto en una frazada se bajó de un taxi en una calle céntrica deshabitada por la cuarentena de fin de semana y se arrojó sobre el cemento para morir.

La cuarentena rígida de más de dos meses tenía el propósito de equipar hospitales para evitar su colapso. Tarea insoslayable para enfrentar a la pandemia, pero no se hizo. El gobierno de facto de Jeanine Áñez se ocupó de militarizar, especialmente aquellos territorios donde radican/viven los “salvajes masistas”, propalar el miedo a los cuatro vientos, amedrentar a doquier y amenazar con creces. Pero no se ocupó de la salud. Aún peor, estaban haciendo una negociación pútrida con los respiradores automáticos. Quizás, el gobierno de Áñez se imaginó que, teniendo militares en las calles, el virus se iba a escapar despavorido.

Casi tres meses dilapidados. No hay test rápidos, los hospitales no están equipados. Y los enfermos con COVID-19 muriéndose en las calles. Desde hace unas semanas, vecinos que viven alrededor del cementerio público cochabambino miran al cielo ennegrecido. El humo proviene del horno crematorio que está sometido a un uso constante por la sobredemanda de incineración de fallecidos, contagiados por coronavirus. Al igual que los hospitales, el fogón de cremación colapsó, se calentó hasta malograrse. Antes de la pandemia se quemaba tres cuerpos diariamente, hoy la demanda de cremación subió dramáticamente.

Mientras tanto, el Gobierno transitorio se lava las manos. En medio de la pandemia no logró un consenso con los otros niveles gubernativos para articular esfuerzos y encarar seriamente la lucha contra el COVID-19. Todo lo contrario, se afanó en intervenir los Sedes. Quizás esa incapacidad obedece a la carencia de legitimidad democrática de origen. Cuando el ascenso de los casos de coronavirus estaba alcanzando su pico máximo (en junio los casos de contagios por coronavirus rompen los récords), había la necesidad de reforzar la cuarentena, el Gobierno dispuso flexibilizar la misma y traspasar la responsabilidad a los gobiernos departamentales y locales, pero sin los recursos económicos necesarios. Quizás para que los números de contagios sigan funestos.

El Gobierno usó la hecatombe sanitaria para prorrogarse con una falsa premisa: elecciones o salud; luego de sentirse acorralado, recién promulgó la Ley fijando la fecha de los comicios. La administración ineficiente y putrefacta de la pandemia develó que en Bolivia urge un gobierno democráticamente legítimo para encarar al coronavirus y, por lo tanto, la premisa es votar para vivir.