En octubre de 1982 fue el triunfo de un pueblo valiente, unido, fuerte y esperanzado contra la peor dictadura que tuvo Bolivia, la de los Luis, García Meza y Arce Gómez. Pero lo hicimos y ahora estamos transitando 38 años de democracia, de forma ininterrumpida. Somos hijos y nietos de la democracia, que fuimos protagonistas de cabildos masivos para ir fortaleciendo el sistema democrático, como la instalación de las elecciones municipales, departamentales y la ampliación de esta democracia, que sus defectos ha avanzado mucho.

Las elecciones en todos los niveles es la expresión más clara del estado de salud de la democracia boliviana. Afrontamos hoy un proceso electoral altamente riesgoso, con altos niveles de violencia verbal y posiciones intolerantes del oficialismo y de la oposición, que ha lanzado todas sus fichas para forzar la pronta realización de los comicios. Al parecer, no afrontamos un proceso electoral, sino un estado de guerra permanente entre los actores políticos y sociales. 

La democracia y con ello los ciudadanos, que somos el pilar de la misma y los protagonistas, estamos siendo acosados desde varios ángulos, como ser la crudeza de la pandemia, la misma que tiende a aumentar los casos contagiados y fallecidos en el país. Pero esto no importa tanto para determinados partidos políticos. 

La “gloriosa” Central Obrera Boliviana y la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, que han usufructuado del poder de turno durante 14 años, y creyéndose dueños de un país, han amenazado con convulsionar al país, generando temor y rechazo a temerarias acusaciones.  Estas graves amenazas de dirigentes de la COB y de la Federación de Mineros constituyen un grave delito contra la estabilidad de la patria y la tranquilidad de los ciudadanos. Las elecciones son un derecho democrático, que no se lo ejerce con dinamitazos, ni convulsiones ni con las botas. Todo proceso electoral debe tener las condiciones de paz social, salud pública, actores informados, capacitados y organizaciones creíbles. Ante esta situación, corresponde a la Fiscalía General intervenir para sofocar estos gritos de violencia y de convulsión contra el país.

Esto ha motivado al Gobierno a advertir y lo hizo como en las dictaduras: policías y militares en trajes de campaña o de guerra, dando señales claras que no permitirán acciones de esta naturaleza. Otro fuego cruzado para la democracia.

En este juego violento, el Tribunal Supremo Electoral no puede mirar de palco, porque están afectando al principio del Estado Plurinacional, el  poder del Estado tiene la misión constitucional de administrar las elecciones generales, departamentales y municipales, las cuales son las máximas expresiones de la democracia

No es el tiempo de dinamitazos, ni bloqueos ni convulsiones que pretenden generar algunos sectores sociales; ni tampoco con botas, laques y amenazas del poder  que vamos a construir más democracia. 

Así las elecciones más que una disputa democrática, se convertirán en un escenario de confrontaciones violentas.