Para que no haya equívocos, Romero Ballivián enfatiza que el principio del que parte el Órgano Electoral es que es posible avanzar de manera simultánea la protección del derecho a la salud y el ejercicio de los derechos políticos, por eso la necesidad de hablar de comicios en plena pandemia. Para quienes se empeñan en ver el proceso electoral (campañas, capacitación de jurados, concentración de la gente en la misma jornada electoral) como el mejor caldo de cultivo para la propagación del COVID-19, el presidente del TSE llama a la calma: como está pasando con todo, las elecciones también tendrán que construir su “nueva normalidad”. De aquí que exhorta a promulgar la norma que fija el 6 de septiembre como la nueva fecha de la elección, no solo porque esto dará certeza a todos, partidos y ciudadanía, sino porque los comicios que se vienen —y especialmente éstos— son cruciales para afianzar la democracia en Bolivia.

—¿Qué opinión le merece esto de los “elementos científicos” para la determinación de la fecha de elecciones?

—El Tribunal Supremo Electoral siempre ha considerado elementos científicos. Fue la razón por la cual tomó la iniciativa de buscar, con el respaldo de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia, la concertación con los actores políticos, para postergar la fecha de la elección. Por otro lado, se trabaja con especialistas para definir los protocolos de seguridad de salud pública que se utilizarán en la jornada electoral y en todas las actividades preparatorias que nos llevan al día de la elección.

—¿Se puede anticipar para el 6 de septiembre todo esto?

—La responsabilidad del organismo electoral es llevar adelante un proceso electoral técnicamente sólido, políticamente imparcial y con las debidas medidas de protección de la salud. Partimos del principio de que es posible avanzar de manera simultánea en la protección de los derechos vinculados con la salud y el ejercicio de los derechos políticos. De hecho, Bolivia no es el único país que lleva adelante un proceso electoral en este periodo. Para limitarnos a América Latina, la República Dominicana tendrá su elección presidencial el 5 de julio; Uruguay recorrió la municipal de mayo a septiembre; Chile ha pospuesto su plebiscito constitucional para octubre. El común denominador es que todos hemos postergado la fecha de la elección mediante un acuerdo político; nos hemos dado la oportunidad de preparar medidas de salud pública adecuadas, garantizado el ejercicio de los derechos políticos fundamentales que se expresan en una elección.

—Protocolos de comicios en tiempo de emergencia sanitaria.

—En este momento se elaboran los protocolos de protección de salud pública para el proceso electoral, con el apoyo de especialistas en la materia. Entre otros, tendremos protocolos para la capacitación, para el manejo del material electoral y para la jornada de votación. Ya hay algunas definiciones adoptadas, por ejemplo, el aumento de la cantidad de recintos, lo que disminuirá las aglomeraciones. Asimismo, es importante señalar que la ciudadanía ya adopta cotidianamente medidas de seguridad en el espacio público. Ello facilitará la labor. Será entre todos que alcanzaremos un proceso electoral seguro.

—Tras promulgada la ley, el TSE debe anunciar la modificación o marcha del calendario electoral.

—Dos días después de publicada la ley, el Tribunal Supremo Electoral anunciará formalmente la fecha de la elección y la reanudación del calendario electoral, que se efectuará en la segunda mitad de julio. Cuando se reanude el calendario, será para recorrer los 45 días que nos separan del día de votación.

—Dos cosas tienen que pasar: la campaña electoral y la preparación de los jurados electorales. ¿No habrá problemas?

—En la medida en que la propaganda electoral se realiza a través de los medios masivos de comunicación, no se confrontará dificultades especiales. Para las campañas, las organizaciones políticas deberán adaptarse a las indicaciones que emitan las autoridades de salud, sobre el tipo de actividades permitidas, limitadas o sujetas a determinadas condiciones.

—Como para todos, también habrá una nueva normalidad para las campañas.

—Así es. Les corresponderá a las organizaciones políticas analizar las mejores formas de acercarse a la ciudadanía en este contexto.

—En el tema de los jurados electorales, el reunirlos, capacitarlos, ¿no será conflictivo?

—El proceso de capacitación de jurados electorales tendrá innovaciones, pues no se realizarán las jornadas masivas de capacitación de jurados, que antes eran comunes, sobre todo en las capitales y las principales ciudades. Se capacitará en grupos más reducidos para evitar aglomeraciones.

—O sea, tampoco es argumento para que sea un riesgo contra la salud.

—Desde el organismo electoral no solo cuidaremos la jornada de votación, sino el conjunto de actividades que nos lleva a ella.

—En cuanto a la querella presentada en el caso de “fraude electoral”, ¿cómo justifica su fortaleza jurídica?

—A pesar de las múltiples tareas que ha exigido y exige la preparación del proceso electoral más complejo de la historia democrática, el Tribunal Supremo Electoral ha llevado adelante un proceso de reflexión minuciosa sobre los alcances de la querella penal que se ha presentado. Estamos convencidos de que el documento es jurídicamente sólido y debidamente fundamentado.

—Le cuestiona el Procurador en sentido de que no lleva nombres…

—El Tribunal Supremo Electoral no comenta las declaraciones de otras instituciones.

—Pero se puede ratificar la eficacia jurídica de dicha querella.

—El organismo electoral ha presentado una querella adecuada para contribuir al proceso judicial. Se trata, por supuesto, de un primer documento y, por supuesto, seguramente será complementado: es la rutina misma de un proceso judicial. El objetivo es que se esclarezcan los hechos de octubre de 2019. Ahora corresponde que en las instancias judiciales se determine si se produjeron delitos y, de ser el caso, quiénes fueron los responsables. La querella se inscribe en una dinámica larga. Tanto el Tribunal Supremo Electoral como los tribunales departamentales han colaborado estrechamente con el Ministerio Público, brindando una información y documentación abundante.

—¿Por qué no la presentaron antes, así como tal la querella; o no era necesario? Alguna vez usted dijo que ya coadyuvaban en esto.

—Como señalaba, el Tribunal Supremo Electoral coadyuvó de manera permanente al Ministerio Público. Una querella de estas características no puede improvisarse. Cuando la Sala Plena terminó el análisis, la presentó, dentro de los plazos legales.

—¿No fue contradictorio o perjudicial que algunos tribunales departamentales ya hayan presentado antes, y otros no?

—Más bien es una labor complementaria. Los tribunales departamentales poseen autonomía para adoptar cierto tipo de decisiones. Se suma a esto, además, que la situación de los tribunales departamentales es distinta. Algunos llevan adelante procesos judiciales porque su patrimonio quedó o afectado o destruido entre octubre y noviembre de 2019, situación que no existe en otros departamentos.

—¿Qué piensa de esa crítica de que hoy existe una discriminación contra el voto urbano a favor del rural, que no está bien la actual geografía electoral?

—Tanto en la elección presidencial como en la elección legislativa se aplica el principio de un boliviano, un voto. A veces, las fórmulas de distribución de escaños y la talla de las circunscripciones hacen complejo comprender su funcionamiento y su traducción práctica. Lo importante es que la cantidad de parlamentarios que obtiene una organización en un departamento depende del porcentaje de votación de su candidato presidencial en esa región. En ese sentido, los votos, urbanos o rurales, pesan igual para definir los parlamentarios. Se impone un recordatorio: la ley que fijó las reglas de los comicios de 2020, aprobada por unanimidad, definió que se mantengan las circunscripciones del año pasado. Adicionalmente, hay que señalar que la cantidad de votos para elegir diputados varía según los departamentos, por dos razones. La primera, de larga raíz histórica, porque el país decidió que los departamentos menos poblados tengan una representación mínima, por encima de su peso poblacional.

Los departamentos del eje central están subrepresentados para ampliar la presencia de todas las otras regiones. La segunda, proviene de la Constitución de 2009, que incorporó siete circunscripciones especiales, para dar representación a los pueblos indígenas minoritarios. Ellas tienen números reducidos de votantes. En 2020, el TSE autorizó el registro de candidatos de los pueblos indígenas de manera directa, sin necesidad de competir con una bandera partidaria. Es una innovación importante.

El debate sobre estos temas es relevante y legítimo para la democracia, y debe darse sobre bases informadas, con argumentos que comprendan el alcance del sistema electoral y en un clima apaciguado, mejor si es bajo el principio del “velo de la ignorancia” de Rawls, es decir sin conocer los beneficiarios o perjudicados de un cambio de reglas. Así, se privilegia el bien común.

—¿Qué viene ahora?

—El Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales continuamos trabajando intensamente, no hemos dejado de hacerlo, a pesar de las difíciles condiciones que supone desarrollar actividades durante la cuarentena. Desde mediados de julio es que se reanudará el calendario electoral, y estamos adoptando las medidas necesarias para llegar en las mejores condiciones para ese momento.

—En esto de “reabrir el Padrón Electoral”, lo que se dijo es que eso será bajo la forma del padrón permanente.

—Para la inscripción de jóvenes que cumplan 18 años hasta el 6 de septiembre, el Órgano Electoral ha dispuesto la modalidad del empadronamiento permanente, que funciona en las oficinas departamentales del Serecí (Servicio de Registro Cívico) y en las oficinas regionales. Adicionalmente, existirá un periodo adicional en el cual se efectuará un despliegue desconcentrado para facilitar la inscripción. Al mismo tiempo, el Padrón Electoral está sometido a un proceso periódico de revisión por parte de las organizaciones políticas y también de organizaciones de la sociedad civil interesadas. De hecho, esta semana ha estado abierto un laboratorio que permite a las organizaciones políticas, a través de sus delegados, analizar la solidez y la confiabilidad del Padrón Electoral.

—El TSE se ha visto en el centro del debate, por las cartas entre las presidentas Áñez y Copa. ¿Qué dice ante el actual panorama de inestabilidad e incertidumbre política?

—El Tribunal Supremo Electoral exhorta a la promulgación de la ley que fija la elección el 6 de septiembre. Ella ha sido el resultado de un amplio proceso de concertación y brinda certeza sobre la realización de una elección que es crucial para el afianzamiento de la democracia en Bolivia.

Salvador Romero Ballivián. Sociólogo especializado en política, escribió, entre otros: Atlas electoral latinoamericano (2007, compilador); El tablero reordenado: análisis de la elección presidencial (2005), Geografía electoral de Bolivia (2003, tres ediciones).

Datos

Nombre: Salvador Romero Ballivián

Nació: El 29 de abril de 1971

Profesión: Sociólogo.

Ocupación: Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Perfil

Vocal electoral desde 1995 y designado por el presidente Carlos Mesa como vocal de la Corte Nacional Electoral en 2004; fue su presidente y vicepresidente hasta 2008.