Chuquisaca y Santa Cruz, en tensión

La tensión entre Chuquisaca y Santa Cruz aumenta cada hora. Las irresoluciones del Gobierno al respecto han agravado el problema. El rentismo boliviano se refleja dramáticamente en este caso, con dos departamentos luchando por controlar un campo gasífero, en parte porque el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera han insistido en la idea de que solo las materias primas generan desarrollo.

Incahuasi fue descubierto en 2004, pero recién en 2016 empezó su producción. Es el tercer campo más importante del país, con más de seis millones de metros cúbicos de gas natural producido por día. Para establecer si se encontraba en Chuquisaca, Santa Cruz o en la zona fronteriza, el Estado contrató a la  empresa canadiense GLJ Petroleum Consultants en mayo de 2016, que entregó su informe en agosto de ese año. Este estableció que el campo pertenece íntegramente a Santa Cruz, con base en leyes de 1898 y 1912, que fijan los límites entre los dos departamentos.

De inmediato, las autoridades y dirigencia cívica de Chuquisaca protestaron por ese informe y luego recurrieron a la justicia para que el reporte de la compañía canadiense quede sin efecto y se suspenda el pago de regalías a Santa Cruz. Un fallo del Tribunal Constitucional de diciembre de 2017 aceptó ese pedido y congeló los pagos mientras se realizara otro estudio técnico sobre los límites departamentales.

Santa Cruz, obviamente, no quedó conforme, considerando el resultado del informe de GLJ Petroleum Consultants, que supuestamente era definitivo. A la fecha, ha dejado de percibir 198 millones de bolivianos en regalías.

El Ministerio de la Presidencia, que ahora supervisa al Viceministerio de Participación Popular, tomó medidas contradictorias al respecto, pero las irresoluciones del Ejecutivo parecieron terminar en abril pasado, cuando el exviceministro Hugo Siles emitió una resolución en la que da por oficiales los límites interdepartamentales  y, con ello, estableció que el megacampo está en Santa Cruz. Luego el Ejecutivo echó a Siles de su cargo.

Paralelamente, tomando como base la resolución del viceministerio mencionado, un juez cruceño ordenó el descongelamiento del pago de las regalías, pero su decisión no ha sido acatada por YPFB. Pudo haberse imaginado otra solución a este problema y es que el Gobierno promoviera una concertación entre ambas regiones, para que se compartieran las regalías. Se podía hacer en el largo periodo entre el descubrimiento del pozo y el inicio de operaciones del megacampo. Pero, lo cierto es que no lo hizo y las consecuencias son las que estamos presenciando en estos días.