“Ya se hizo la etapa de la sanción de la ley. Están las observaciones del gobernador. El tema es que tiene que decidir si son fundadas o infundadas las observaciones de la gobernación. El procedimiento es sencillo. El pleno tiene de decidir. Estamos a tiempo, se agendará en julio. Qué dice la ley electoral, que una vez que haya las elecciones y se posesione al presidente del Estado a las 48 horas se convocaría a las subnacionales”, dijo.

En el último quinquenio que trascurrió, tres presidentes del Órgano Legislativo junto al pleno se hicieron cargo de la labor de formular una Ley Electoral que no solo marque los parámetros de una fórmula electoral para escoger a las autoridades subnacionales sino que rectifique la aplicación de la autonomía que fue la bandera de Tarija al empezar el 2015.

En el proceso electoral subnacional de ese año se aplicaron los criterios de composición y forma de elección utilizados en el proceso electoral de las elecciones de 4 de abril del año 2010 con una ley transitoria.

Desde ahí inició un camino agrietado sin resolución y muchos lapsos de estancamiento. Tres problemas eran los irresolubles. El primero está ligado a la distribución de los escaños, es decir cuántos representantes hay en la ALDT por municipio, lo que está conectado al número de población y a la extensión territorial.  Proporcionalmente, los municipios más pequeños tienen mayor cantidad de asambleítas que los grandes. Sin embargo, el flujo poblacional de algunos municipios mermó aún más durante este lapso de tiempo y migró a los municipios más grandes.

Los asambleístas de Cercado, y en ese momento opositores al eje de Gobierno que era de la línea del MAS, reclamaron realizar un nuevo cálculo de la población que actualice los datos del censo que realizó el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el 2012, pero otro grupo de este municipio pertenecientes a la fuerza política del Estado plantearon otra propuesta en apoyo a los municipios pequeños, como Yunchará, para mantener su representatividad porque un nuevo cálculo le quitaría el único asambleísta que persiste hasta ahora, Basilio Ramos.

Por su parte, el asambleísta Mauricio Lea Plaza planteó un cálculo por población que sumaba otro representante de Cercado debido al crecimiento demográfico y obtuvo el apoyo de la mitad del pleno. Esa fue la primera división en número que a la vez significaban votos para la aprobación de leyes.

Agenda 
Amanda Calizaya indicó que una vez pase el conflicto del coronavirus se pondrá en agenda la promulgación de la ley

El segundo punto de reflexión fue la elección de los subgobernadores que iniciaron como ejecutivos seccionales por el voto de la población. La mayor parte de los ejecutivos eran de la línea del MAS, pero más allá del conflicto político, el Tribunal Constitucional consideró que no tenían lugar en el ordenamiento jurídico y eliminó su cualidad electa y gubernativa.

La propuesta por la oposición a Evo en la ALDT fue que las subgobernaciones sean delegadas por el Ejecutivo. La bancada del MAS saltó. Abel Guzmán, Guadalupe Jurado, Basilio Ramos, Sara Armella, Guillermo Vega, Erwin Mansilla, entre otros, no lo permitieron. El voto lo rechazó. Se argumentó que esa decisión provocaría un retroceso para las autonomías.

El último punto de quiebre y el único que fue resuelto durante la gestión anterior después de varias manifestaciones de mujeres y colectivos en la puerta del Legislativo fue el de la paridad de género. La Ley Electoral nacional no exigía la paridad en los cargos ejecutivos, es decir no había alternancia entre el Presidente y el Vicepresidente de Bolivia, por lo que los ejecutivos departamentales tampoco vieron necesario introducir, de manera obligatoria, a una mujer en el cargo de gobernadora o vicegobernadora, pero si exigir el 50 por ciento de alternancia de género en las demás funciones.

Gobernación devolvió con observaciones la Ley Electoral

La propuesta de ley electoral departamental fue aprobada en grande en el segundo semestre del 2019 y remitida a la Gobernación que trazó las observaciones y alertó que la normativa no cumple con las tres resoluciones constitucionales con rango de sentencia enviadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La ley fue devuelta a la ALDT y hasta la fecha no se puso como tema principal en la agenda, según informa la directiva del Legislativo por la emergencia sanitaria del coronavirus.