Dijo que la coalición que agrupa a más de 20 instituciones de la sociedad civil, ve con preocupación “el choque de poderes y la polarización” y considera necesario “un diálogo comprensivo y a la altura de la situación sanitaria, política y económica para llegar a acuerdos que den certidumbre a la población”.

Paz recordó que además de las elecciones nacionales, está pendiente la renovación de autoridades subnacionales cuyo mandato también ha fenecido, “y este dato es importante porque es difícil que el país pueda avanzar si no tiene autoridades legítimas en todos los niveles”.

Lamentó el enfrentamiento entre Gobierno y Parlamento respecto a la fecha de las elecciones y reiteró que la Ruta de la Democracia considera que “el límite de tiempo para las elecciones generales es este año, esperamos que sean el 6 de septiembre, pero en una situación tan compleja es difícil afirmarlo categóricamente”.

Según Paz, hay contradicciones respecto al pico de la pandemia, “se dijo junio, pero creo que será julio” pero insistió que hay que asumir que “el coronavirus ha venido a quedarse y no podemos esperar hasta la vacuna, tenemos que aprender a cuidarnos, a convivir con el virus y asumir protocolos de seguridad cuando salimos de casa y enfrentar la elección tomando medias de bioseguridad para no contagiarnos”.  

Opinó que las cifras sobre el ascenso vertical del coronavirus en Bolivia no permiten proyectar cuándo se alcanzará el pico más alto de la pandemia, “aunque todo hace prever que más de 1000 casos, como los registrados ayer, será una cifra que se mantendrá un tiempo”.

En criterio de las instituciones que integran la Ruta de la Democracia, hay que esperar hasta el 15 de julio, fecha en la que debiera reanudarse el calendario electoral, para tener más claridad sobre la evolución de la pandemia y mayor certidumbre respecto a la fecha de las elecciones.

En este compás de espera, Paz dijo que ven con preocupación “el choque de poderes y la polarización en el país y creemos que debiera existir una mayor vocación de concertación, diálogo y consenso”.

Sostuvo que en esta circunstancias extraordinarias y complejas “no debiéramos estar en el tira y afloja entre poderes, las autoridades debieran pone a prueba su vocación democrática sobre todo ahora que ya no son vistas como las más legítimas”.

Ante este panorama opinó que la ciudadanía tendrá que ser nuevamente la que ponga algún grado de presión, puesto que hasta ahora “el único esfuerzo de diálogo ha sido el impulsado por el Tribunal Supremo Electoral, que ha logrado reunir a la mayoría de fuerzas políticas, para consensuar la fecha de las elecciones”.

Ante las iniciativas que han sugerido la mediación de la Iglesia, recordó que la curia ya medió, junto con instituciones internacional como la Unión Europea y Naciones Unidas, en el diálogo propiciado por el organismo electoral.

Y en perspectiva de que se superen las tensiones en los ámbitos de poder, dijo que el TSE debe continuar su trabajo de planificación y organización del proceso electoral, con énfasis en la adopción de un gran paquete de protocolos de seguridad para dar confianza a los bolivianos y para garantizar que ejerzan su derecho al voto. 

Insistió que hay que aprender de las experiencias de otros países.  Mencionó las recientes elecciones de Surinam donde la población mostró mucha disciplina al momento de ingresar a los recintos electorales para depositar su voto, pero no guardó la distancia social y provocó aglomeraciones masivas al salir de los centros de votación.

Estos no son detalles menores, dijo, y en el caso de Bolivia habrá que tomarlos en cuenta para, por ejemplo, prohibir la instalación de puestos de venta, especialmente de comida, en los alrededores de los recintos electorales, debido a que provocan aglomeraciones que aumentan el riesgo de contagio.

Destacó que la Ruta de la Democracia verifica la transparencia del proceso y está a la expectativa de la gran campaña de información y comunicación que el TSE deberá realizar para garantizar que la población asista a las urnas a tomar decisiones informadas y con la confianza de que “el ejercicio de sus derechos políticos no atentará contra sus derechos a la salud y a la vida”.