El Ejecutivo que conminó al Judicial y éste le aclaró que no recibe sus órdenes. Luego las "cartas" (que no interrumpen el procedimiento legislativo de sanción/promulgación) donde el Ejecutivo cuestiona prerrogativas del Legislativo y anuncia que no promulgaría la ley sancionada pidiéndole estudios científicos al respecto, en réplica el Legislativo le dice que cumpla la Constitución sobre su único mandato de transición y el Electoral que reafirma, respecto de las elecciones generales 2020, señalando que son cruciales para el futuro democrático del país.

Contraviniendo sus cálculos electorales, reconociendo el error, afirmando su intención no “prorroguista” y en un intento de deslindar responsabilidades por recibir exigencias de “tanta insistencia” para que se hagan elecciones en plena pandemia, la Presidenta–candidata expresando su pleno acuerdo puso en vigencia la ley.

Para este tiempo, ya es viable la protección del derecho a la salud y los derechos políticos simultáneamente, considerando las medidas de bioseguridad con las que ya convivimos, con el virus en pandemia en Bolivia y el mundo. Requerimos de certidumbre democrática evitando desequilibrios institucionales de poderes, por intereses sobre la toma del poder.

La ley está para servir al hombre, no el hombre a la ley. Si antes del 6 de septiembre y por el “manejo” estadístico de la curva de contagios y tasa de letalidad se tienen indicadores altos, deberá aplicarse el principio de imposibilidad material; justificación suficiente para reprogramar (si fuere el caso) la fecha de los comicios.

Según el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, en lo que va de este 2020 al igual que Bolivia otros 65 países y territorios en el mundo optaron por reprogramar procesos electorales, de los que al menos 22 son de carácter nacional. Contrariamente, al menos 33 países y territorios decidieron celebrar elecciones nacionales o subnacionales según lo planeado originalmente, con medidas de bioseguridad, de los cuales al menos 16 países celebraron ya elecciones nacionales o referendos.

El desafío mayor hoy es de responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral no sólo por las condiciones del voto en protección de la salud del elector y jurados, sino en evitar ausentismo eleccionario, prohibir proselitismo con la salud y el uso de bienes públicos, entre muchos otros más; por lo que el calendario electoral debe reanudarse de manera progresiva y transparente.

Estamos en un periodo de transición donde se reconstruye el poder político y deben tomarse decisiones responsablemente. En el corto plazo las urnas ajustarán factura electoral a todos los actores políticos y sus partidos sobre lo que hacen en la política y será un mañana en la historia que juzgue las acciones de hoy.