Fue un error del TSE establecer una franja de fechas mínimas y máximas en un contexto tan complicado como el de la pandemia. Como poder independiente y autorizado para fijar el día y las condiciones para sufragar, los vocales no debieron ponerse la soga al cuello con el anuncio concluyente de una fecha impostergable, cuando ninguno de los países afectados en el mundo, incluido China, tienen en este momento la certeza plena de haber controlado totalmente la pandemia. En realidad, la certeza sólo puede comenzar a llegar cuando se obtenga la vacuna contra el coronavirus, que puede darse a fin de año, según los pronósticos más optimistas. Consiguientemente y al margen de las infaltables presiones políticas, el TSE debió dejar abierta la fecha, pero no más allá de 2020. Independientemente de las aspiraciones partidarias, los vocales debieron plantarse firmes en la defensa de la independencia de poderes y, tanto el Legislativo, dominado por el MAS, como el Ejecutivo, debieron respetar lo que decida el Organo Electoral con el calendario.

Pero como en Bolivia lamentablemente no se avanzó hasta ahora en la necesaria independencia de poderes y como no se puede esperar para sufragar hasta cuando alguien descubra la vacuna, ha surgido la iniciativa del TSE de consultar y de alcanzar un acuerdo político nacional sobre el plazo final de las elecciones.

En ese intento no ha faltado la pulseada entre los partidos y, fundamentalmente, entre los poderes del Estado involucrados. En ese tire y afloje han aflorado acusaciones de intento de prorroguismo, por el lado del MAS y de CC contra la Presidenta, o de insensibilidad con los afectados por la pandemia, de parte de los seguidores de Añez contra algunos de sus rivales. 

En medio del fuego cruzado ha estado el TSE, que decidió correr ese riesgo para dar alguna certidumbre sobre las elecciones. Como era previsible, todos han quedado con la imagen desportillada por este cruce de disparos, incluyendo el presidente del Tribunal Electoral, que en los últimos días ha tenido que responder a diversas críticas, como las que lo sindican de haberse rendido a las exigencias de Evo Morales, por el MAS, y las de Comunidad Ciudadana, de fijar una fecha que todavía parece muy insegura para los votantes. 

Salvador Romero ha tenido que apoyarse en el respaldo de organismos internacionales y de la Iglesia, en los resultados del diálogo político y en las operaciones logísticas de bioseguridad, más que en un contundente estudio médico-científico, para justificar la elección de la fecha final.

Con el desafío de recuperar la confianza debilitada  en este proceso y de despejar todas las dudas que persisten sobre las condiciones de la votación, el TSE ha decidido avanzar. Aunque las expectativas partidarias difieren de las ciudadanas, enfocadas estas últimas claramente en la pandemia, se debe garantizar un proceso que no arriesgue la vida de los bolivianos, que incluya a los nuevos votantes, que garantice la igualdad del voto urbano y rural, con logística suficiente para que nadie que quiera votar sea excluido por enfermedad, con campañas informadas, y con veedores internacionales.  Si cerca de la fecha no existen estas condiciones, se tendría que reevaluar y renovar un acuerdo, en la idea de un calendario electoral “dinámico ”, sin alentar una prórroga más allá de 2020.