El estudio publicado por ese diario, de todos modos, admite que es sólo de tipo estadístico (es decir, no de campo) y que en realidad no puede confirmar “la ausencia de fraude en esta elección; eso nunca podría afirmarse sólo en base al análisis cuantitativo”.

Precisamente, el extenso documento de la OEA hace un recuento de todas las irregularidades “de terreno” de esas elecciones, que ahora son de conocimiento público, como la existencia de actas prellenadas, borroneadas, llenadas por la misma persona según estudios grafológicos, elaboradas en oficinas públicas, etc. El problema no es sólo estadístico, sino de la “realidad”.

También la existencia de dos servidores “secretos” y que desviaban la información del TREP fue una irregularidad enorme. Para no hablar quizás de la más importante, como es que se hubiera interrumpido la entrega de resultados durante 24 horas, cuando la diferencia era de solo siete puntos entre los dos primeros candidatos, lo que implicaba que debía organizarse una segunda vuelta. Pero en el 17% restante, la diferencia, sin explicación estadística creíble, subió a 28%, para que el resultado final fuera de 10,5% y se le permitiera al expresidente Evo Morales vencer en primera vuelta.

El documento de la OEA refleja éstos y otros asuntos con claridad, que no dejan margen de duda: las elecciones de 2019 estuvieron plagadas de tantas irregularidades, que tenían que ser anuladas. Ello es tan así, que el propio Morales las anuló para llamar a nuevos comicios con un organismo electoral renovado. Pero cuando hizo esa oferta ya era tarde y poco después renunció a su cargo y fugó al exterior. Este es el mejor argumento, aunque no tiene que ver directamente con los hechos fraudulentos de octubre: fue Morales el que anuló los resultados porque sabía que algo no estaba bien.

Hay que recordar que todos los integrantes de la sala plena del Tribunal Electoral estaban comprometidos con el MAS. Y esa dependencia hizo que Juan Ramón Quintana pudiera llamar a los vocales para exigirles que se suspendiera la transmisión de datos del TREP, lo que prendió la chispa de las protestas, que terminaron con la caída de Morales.