“Vivimos momentos de alta tensión política que (…) puede derivar en actos que ponen en riesgo la vida de las personas, situación que la Delegación Departamental Defensorial de Potosí, ha tenido que sopesar a tiempo de realizar el acompañamiento y la firma de un acta, para garantizar la seguridad de la asambleísta y sus familiares”, añadió, según una nota de prensa institucional.

Cruz aseguró este viernes que la Defensoría del Pueblo observa esta renuncia “por ser ilegal y por darse en un marco de presión y acoso político”.

Sin embargo, la Delegación Defensorial de Potosí escribió en su cuenta oficial de Facebook que: “cumplió tarea de mediación al conflicto surgido en #Macha posibilitando la suscripción de acuerdos entre la asambleísta departamental, Mirian Vargas y autoridades de las centrales y subcentrales de la comunidad de Macha, hecho que viabilizó el retiro de vigilias, y garantiza el derecho a la #ConvivenciaPacífica”.

El acta, fue suscrita el 17 de junio, tras una reunión celebrada en el coliseo de la población de Macha en presencia de las autoridades de la Central Seccional Tomás Katari, la Central Distrital del Ayllu Macha y otras centrales y subcentrales originarias , la legisladora departamental y la delegada defensorial.

Según una copia divulgada por el periodista Erwin Valda, del portal El Federal Noticias, Vargas se comprometió a cambiar su carta de renuncia, en la que se declaraba víctima de acoso y violencia política.

“La organización (Central Seccional Tomás Katari y Distrito Macha) ha observado el tenor de la carta de la renuncia presentada a la Asamblea Legislativa Departamental y al Tribunal Electoral Departamental de Potosí (…) la asambleísta volverá a presentar con el tenor de qué es voluntario e irrevocable (sic.)”, dice el primer punto del documento.

A cambio de esta concesión y la de desistir de acciones legales contra los dirigentes de la citada central seccional por el saqueo e incendio de su vivienda y sus enseres, estos asumieron el compromiso de garantizar la seguridad de la asambleísta y la de su familia. El acta lleva el visto bueno y la firma de Martínez.

La noche del 11 de junio, la vivienda de Vargas, situada en el municipio de San Pedro de Macha, provincia Chayanta, fue saqueada e incendiada por comunarios que le sindicaban haber votado contra de la prórroga del mandato del gobernador potosino, Omar Veliz, también del MAS.

Sus hijas, declaró Vargas al día siguiente del atentado a medios locales, tuvieron que huir hacia el río para ponerse a salvo de la turba, conformada por unas 90 personas, pero otros familiares fueron tomados rehenes.

La asambleísta dimitió denunciando acoso y violencia política, hostigamiento y presión contra sus familiares. Sin embargo, las amenazas no cesaron.

oy, Cruz demandó a las instancias e instituciones competentes a garantizar la protección para la asambleísta, en cumplimiento de lo que dispone la Ley 243 contra la Violencia y Acoso Político, frente a las presiones y desconocimiento de sus derechos políticos.

“Los actos de violencia cometidos contra la asambleísta departamental y su familia tienen su origen en actos de presión, violencia y acoso político que tuvieron la finalidad de inducir a la autoridad democráticamente electa a presentar su renuncia, en total desconocimiento de las normas vigentes que la amparan”, apuntó según la citada nota de prensa.

Cruz recordó que la participación política de las mujeres es un derecho consagrado en la Constitución Política del Estado y emana de diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos, siendo obligación del Estado asumir todas las medidas que sean necesarias para el cumplimiento y respeto de esos derechos.

Sin embargo, Martínez en declaraciones efectuadas el jueves a los medios de comunicación de Potosí, agradeció “tanto a asambleísta como a la población de Macha, que han puesto de su parte para llegar a un acuerdo que permita la tranquilidad de sus familiares y de ella”.

Cuando fue cuestionada el tenor del acta, se limitó a responder: “es un acuerdo de partes que ha permitido que cese la violencia”.

El documento fue suscrito 48 horas después de que el Tribunal Supremo Electoral, en un comunicado fechado el 15 de junio, estableciera que: “ejercer presión, inducir a las autoridades mujeres democráticamente electas a presentar su renuncia constituyen actos de acoso y violencia política, por tanto, toda renuncia será tramitada conforme al Reglamento para el Trámite de Recepción de Renuncia y Denuncias por Acoso y Violencia Política de Mujeres Candidatas Electas o en Función Política Pública del Órgano Electoral Plurinacional”.

Cruz también recordó que remitió notas a las autoridades de la ALD de potosí, al Comando Departamental de la Policía y de la Fiscalía Departamental, para conocer las acciones llevadas adelante para garantizar la seguridad de la asambleísta y de su familia, “sin respuesta ni medidas que se hayan podido corroborar”.