El integrante de la agrupación política, Milton Ocaña, manifestó que a criterio de toda la militancia y la dirigencia política, la forma en que se ha mediatizado el tema de las mochilas tiene un trasfondo político, que está siendo dirigido por algunos concejales munícipes, es por este motivo que vieron la necesidad de expresar ante la prensa su respaldo a la primera autoridad municipal.

"Como San Felipe de Austria, queremos mostrar nuestro pleno respaldo al alcalde Edgar Bazán, a raíz de esto, toda la militancia y quienes componen la estructura respaldamos la actual gestión y debemos decir que estamos firmes con el compromiso de cumplir la propuesta política que se ha presentado a inicio de este periodo que nos toca estar al frente del gobierno municipal", indicó Ocaña.

El militante de Mcsfa expresó además que, quien ha incumplido en el tema de la adquisición de las mochilas, que formaron parte del programa "Mi carpeta", es la empresa encargada de la elaboración, encabezada por Marco Murillo, motivo por el cual ya se ha presentado una querella en contra del proveedor por incumplimiento de contrato, toda vez que en base a la documentación existente, éste debió haber entregado producto elaborado en el país y no así en China como sugiere el proceso que se lleva adelante.

MOYA

Respecto al tema de las "mochilas", el ex diputado, Ever Moya, dijo que no se puede quitar responsabilidad en este tema al burgomaestre orureño, en relación a que existirían varias irregularidades en todo el proceso de contratación, además, pidió que se averigüen otros elementos relacionados a este tema y que la justicia pueda actuar de manera ecuánime.

"Pedimos que de una vez por todas se pueda resarcir estos recursos económicos que han sido mal utilizados por el gobierno municipal de Oruro y se pueda actuar con imparcialidad al momento de determinar quién es el responsable del daño económico", complementó Moya.

ANTECEDENTES

El 4 de septiembre de 2017, se presentó una querella en contra del alcalde de Oruro, Edgar Bazán Ortega, por supuestos delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, en la adjudicación, contratación y pago de mochilas escolares del Programa "Mi Carpeta", que el 2016 benefició a estudiantes de unidades educativas fiscales y particulares del municipio, existiendo un supuesto sobreprecio y daño económico al Estado de aproximadamente 1,8 millones de bolivianos.