Bolivia no es la excepción; la palabra corrupción está presente en la agenda política e informativa casi a diario. Una gestión de 14 años estuvo marcada por  decenas de hechos irregulares y, cuando parecía que el país tomaría otro rumbo, el gobierno transitorio ya ha protagonizado más de una decena de hechos de corrupción, el más grave, la compra de respiradores con sobreprecio. 

Ideas dialogó con dos analistas para abordar este complejo problema. José Rafael Vilar, miembro de la Asociación Iberoamericana de Consultores Políticos y experto en análisis estratégico político; y con Ana Rosa López, comunicadora social, máster en acción política y participación ciudadana.

Descomposición en la sociedad

Para muchos analistas y líderes, el problema en América Latina es la corrupción. ¿Es esto así?

Partamos que corruptio no sólo abarca a las instituciones cuando  –individuos aislados o colectivamente– aprovechan las funciones y medios de las instituciones que representan, no importa si lo hacen para beneficio económico o de otra índole, sino que cualquier persona que en su vida privada o social lo haga está cometiendo corrupción. Es una descomposición, “huele mal”.

En 2019, el BID calculó en 220 mil millones de dólares anuales la afección que a la región le provoca la corrupción, una cifra que, en tiempos no-Covid eliminaría la pobreza extrema y gran parte de la pobreza de nuestros países, pero que en tiempos Covid es doblemente criminal. 

En el Índice de Percepción de la Corrupción 2019 de Transparencia Internacional, sólo tres países (Uruguay, Chile y Costa Rica) están entre los 50 menos corruptos.Bolivia estaba en el puesto 123 entre 178 países. 

De la corrupción en Latinoamérica parten muchísimos problemas más: los distintos niveles de pobreza, las desigualdades, la violencia  –de diversa índole–, la falta de desarrollo, inclusive el desempleo crónico y las graves falencias en educación, seguridad social y salud. Y la corrupción dentro de los servicios y necesidades de salud en estos tiempos de  Covid es criminal.

Encontramos denuncias de casos de corrupción referida a la lucha contra el coronavirus en la mayoría de nuestros países . De las primeras, el escándalo en España a fines de marzo de los sobreprecios en las pruebas de detección inútiles, no aclarado a fondo como muchos otros. La diferencia está, tanto en la discriminación mencionada al inicio  –individual o sistémica– como en su detección presta y sanción ejemplar. El caso de los respiradores básicos en Bolivia es un buen ejemplo de actuación punitiva rápida, más allá de las connotaciones de deficiente gestión ejecutiva y fiscalizadora.

En su opinión, ¿por qué la corrupción está presente, y ha marcado históricamente, casi a todos los gobiernos de Latinoamérica?

Las revoluciones en Latinoamérica fueron, en su gran mayoría, realizadas o aprovechadas por élites criollas. Los graves desbalances sociales y las exclusiones  –sumadas a la replicación del poder entre esas mismas élites, ya sea pacíficamente o manu militari– en la mayoría de nuestros países desde el siglo 19, han permanecido hasta hoy en buena medida.

Por ende, la práctica imposibilidad de desarrollo y ascenso social, incluida la salida de la pobreza, ha fomentado la posibilidad de lograrlo mediante la corrupción; súmesele que la demagogia, el populismo y el caudillismo con tendencias de fuerte permisividad a sus huestes nos han permeado.

En el caso específico de Bolivia, la corrupción durante los gobiernos no es reciente. Pero acabamos de vivir 14 años de una gestión que desnudó escandalosos casos de corrupción, y ahora, en el gobierno transitorio, en plena crisis sanitaria, se destapa al caso de los respiradores. ¿Por qué cree que sucede esto? ¿Se trata de alguna debilidad institucional, como Estado?

La gestión del MAS  fue un ejemplo de “democratización” de la corrupción: vertical y horizontal, desde negociados en los más altos estamentos (incluyo nepotismo y abuso de autoridad, hasta ejercer el prebendalismo para captar seguidores),  y el crecimiento inusual de la burocracia es un buen ejemplo de “compra de adhesiones”, como en Venezuela, Argentina K y Ecuador, por citar tres, y la fractura que se provocó con la rápida salida del régimen no pudo convertirse en un generalizado cambio de ética de quienes siguieron enquistados en funciones públicas, ya fuera que las nuevas autoridades quisieron evitar una “masacre blanca” masista, la propia inexperiencia de las nuevas autoridades y, también, la urgente improvisación de nuevas personas en cargos de autoridad, quizás todas juntas. Lo que diferencia ese caso criminal es la actuación rápida, en la que la sociedad civil y los medios coadyuvaron con gran importancia.

Y sí. Es una debilidad como Estado. A lo que antes mencioné como factores socioeconómicos  –desbalances sociales, exclusiones, práctica imposibilidad de desarrollo y ascenso social–, adicionándosele la percepción de que acceder a una posición en él, por modesta que fuera, era la vía de mejorar sus condiciones materiales, quedan varios: primero, una deficiente y crónica educación pública  –y buena parte de la privada–, que sólo ha tenido paliativos por etapas, y retrocedida en el cuatroceno, desvinculada generalmente del desarrollo nacional.

En segundo lugar, la falta de transparencia en gran parte, sino todos, los procesos del Estado y una “fiscalización” que, en el período anterior, fue cómplice y encubridora; en tercero, la concentración del Estado que al sumársele la falta de transparencia, conlleva una discrecionalidad proclive a la corrupción; y cuarto  –hay más pero éstos son fundamentales– la desinstitucionalización del servicio o función pública, conllevando que todos los cargos y espacios de la administración pública sean posibles botines políticos.

Hay una sensación de “hastío”, una hipersensibilidad de la sociedad ante los casos de funcionarios corruptos. ¿Es esto así? 

La sociedad civil cada vez está mejor informada y cada vez reclama más sus derechos y espacios. Más que un hastío, es la apropiación de sus espacios, una toma de responsabilidad en el ejercicio de sus derechos y una cada vez menor sujeción generalizada a ser tratados como borregos.

¿Vivimos una crisis de la sociedad? ¿O una crisis en las instituciones?

Recuerdo la crisis argentina de 2001-2002 y el eslógan “¡que se vayan todos!” refiriéndose a la clase política. No es el caso de Bolivia, aunque el fenómeno de las Pititas de octubre-noviembre 2019 reflejó una muy urgente necesidad de reinstitucionalizarnos y redemocratizarnos luego del período masista y las crisis acumuladas desde 2001.

Es inobjetable que la sociedad civil (todos los bolivianos, independiente de su filiación, incluyendo sectores identificados con el MAS pero no comprometidos con los vicios de esa gestión), está identificada con un cambio en el hacer política y en el hacer gestión pública, lo que conlleva la gestión privada en buena medida. El arribo del coronavirus disminuyó temporalmente el debate sobre el país futuro pero está latente, y próximo.

De lo que no me quedan dudas es que la gran mayoría de los liderazgos actuales no sobrevivirán hasta el 2025  –algunos ni al 2021 – y en ese cambio generacional desaparecerán los “históricos”.

Hay casos de corrupción tanto en los gobiernos progresistas como  en los conservadores. La corrupción no tiene ideología, ¿verdad?

El poder tiene mieses y la corrupción  –sin educación (ni ética por tanto) ni institucionalización ni meritocracia ni oportunidades socioeconómicas– tiene campo feraz. El socialismo del siglo 21, populista y demagogo mucho más que “progresistas”, es un buen ejemplo que sustituir en el poder unos actores por otros sin redemocratizar y reinstitucionalizar a sus países, no es más que un maquillaje con prebendas y mucha propaganda y sujeción.

Bolivia en terapia

Según Ana Rosa López, vivimos un “choque emocional que nos desarma y hace tambalear. Bolivia necesita terapia. Bolivia necesita rehabilitación”. Este es su pensamiento en torno a la corrupción:

¿Cuál es su criterio en torno a los casos de corrupción en la gestión pasada, de 14 años, y en la actual?

Era inevitable y lógico. El gobierno transitorio que inició Jeanine Añez el pasado 12 de noviembre de 2019 generó expectativas entre los bolivianos. Posibilidades razonables de terminar la zozobra tras casi un mes de desgobierno, caos, vandalismo e incertidumbre democrática. 

El establecimiento de un norte temporal devolvió un poco de color a la ilusión de poder vivir en paz, de mirar al futuro con esperanza y con la seguridad de que ningún caudillo autoritario y racista, disfrazado de democracia volvería a adueñarse del poder y sobre todo de la libertad electoral de los ciudadanos, de su voluntad sagrada de elegir a sus gobernantes y de aspirar a un cambio imprescindible para la salud política del Estado y para el bienestar de la mayoría de los bolivianos. 

El aparato estatal instalado por el masismo a lo largo de 14 años de gobierno se develó como una de las maquinarias de corrupción más vergonzosas e infames de la historia democrática boliviana. La lista de los elefantes blancos y de las escandalosas sumas de dinero que se malversaron en las empresas estatales nos revolvieron los intestinos, pero en el fondo se sentía algo de alivio y se tenía la confianza de contar con un gobierno interino que daría cabida a nuevas elecciones, a nuevas expectativas y formas de reconstruirnos como país y como pueblo. 

Así nos dimos cuenta pronto, que uno de los objetivos de la transición era el de destapar las cloacas malolientes que el MAS le había dejado al Estado: Entel y YPFB por citar tan solo dos de los temas que peor se manejaron bajo el régimen de Evo Morales. Quisimos creer que quienes se hicieron cargo, provisionalmente, de las empresas estatales más importantes del país fueron personas elegidas cuidadosamente; sin embargo, nos supo más amargo el remedio que la enfermedad. Sucedió por ejemplo con la empresa de telecomunicaciones y la destitución del que fuera su gerente Elio Montes, quien todavía tiene que responder por una serie de irregularidades administrativas y gastos millonarios que realizó en el breve tiempo que ejerció el cargo. 

¿Estamos los bolivianos hastiados de la corrupción?

Tras estas primeras muestras de corrupción en el gobierno transitorio, la incomodidad se fue haciendo cada día más grande y evidente. Las voces que exigían la realización de las elecciones, incluidas las de los oportunistas militantes del MAS, no se hicieron esperar. Sin embargo, la pandemia ocasionada por el coronavirus nos detuvo el coche en seco, nos recluyó en casa y nos hizo protagonistas de una de las peores crisis sanitarias a nivel mundial. 

El gobierno de transición tuvo una vez más la enorme responsabilidad de garantizar el bienestar de los bolivianos. Actuó con celeridad y decretó una cuarentena rígida que buscaba ralentizar la curva de contagios que se venía encima. Una vez más protestamos frente al lamentable estado de abandono del sistema de salud público en el país. Las canchas que Evo Morales hizo construir a lo largo y ancho del territorio nacional no servían para nada y nuestros médicos y enfermeras tuvieron que enfrentar la pandemia como pordioseros. 

Y así lo están haciendo todavía. La urgente necesidad de comprar respiradores para terapia intensiva se concretó finalmente y después de haber lamentado la muerte de varios compatriotas debido al virus. Lo que no sabíamos era el alcance de la repugnante vileza política de los transitorios para aprovecharse del país en un momento de extrema vulnerabilidad. Y de nuevo nos consume la rabia y la desesperanza ante estos hechos de corrupción.

¿Qué pasó entonces con la arenga de Añez aquel histórico 12 de noviembre de 2019, cuando entre vítores asumió la presidencia? Textualmente dijo que se había activado “la sucesión presidencial en aras de resguardar el fin supremo que es la vida, la integridad física y psicológica de los bolivianos y las bolivianas para garantizar el orden público”. 

Es decir, propiciar un clima de paz y seguridad social para garantizar la estabilidad del estado y de la democracia”. ¡Qué lástima que la integridad física y psicológica de los bolivianos siga siendo la que menos se resguarda y la que más se quebranta sin importarle a ningún político! Contamos siete meses de bamboleo político y democrático que se han agudizado por la angustia, la impotencia y el dolor que deja la Covid-19 a su paso. 

Seguimos viviendo un choque emocional que nos desarma y hace tambalear. Bolivia necesita terapia. Bolivia necesita rehabilitación. Las lesiones que cargamos, el trauma que presentamos requiere de atención inmediata y a la larga de voluntades de ave Fénix que, aunque sabemos que los bolivianos tienen, quizá demoren en volver a prender. La indignación ya no alcanza, la corrupción sigue y el umbral de tolerancia apenas puede con esta avalancha de procacidades que ningún boliviano merece soportar.

Punto de vista
 Juan Carlos Núñez V.  Director Fundación Jubileo
 

Encapsular la corrupción

El contacto con un infectado es una de las formas de transmisión. Una vez que está en el organismo, ataca a las defensas y la consecuencia suele ser fatal. Para evitarlo, se recomienda su encapsulamiento, con distanciamiento, medidas de seguridad y vigilancia activa. No estamos hablando del coronavirus, sino de la corrupción.

Este mal continúa con indicadores en ascenso y sigue siendo un desafío aplanar la curva para reducir los casos. Las investigaciones muestran que recorre por distintas sociedades y en diversos territorios, está en Bolivia, la región y el mundo. No distingue edades ni ideologías. Pese a la aprobación de leyes y normas legales, no hubo remedio ni vacuna efectiva. 

La tolerancia se ha flexibilizado. La inquietante frase “roba, pero hace” refleja una resignación contemplativa que es necesario cambiar, promoviendo la participación y la vigilancia ciudadana.

El virus de la corrupción ataca a las células del Estado. Penetra al actor público, pero tiene como agentes de contagio intereses privados, políticos, de gremios y otros; por lo tanto, es un delito ejercido desde el abuso de poder para provecho personal y de intereses de grupo.

Las defensas bajas del Estado están referidas a la débil institucionalidad, así este virus encuentra una presa fácil. Los anticuerpos contra la corrupción deben partir por fortalecer los principios fundamentales que hacen al Estado de derecho y a la democracia. 

Durante la historia, hemos vivido una ausencia de construcción de Estado nacional; algunos intentos de esta construcción fueron la Revolución Nacional del año 1952 y recientemente el frustrado proceso de cambio que solo en su parte discursiva planteaba consolidar un Estado Plurinacional.

El diagnóstico muestra un país con una débil institucionalidad, con falta de credibilidad en las propias instituciones del Estado y con una ciudadanía que no se identifica con este Estado.

 Se ha buscado resolver con iniciativas ciudadanas, como el control social, o la fiscalización, pero todo ello es insuficiente si no contamos con una formación ciudadana permanente en la población, para comprender que la búsqueda del bien común no sólo es un derecho, sino una corresponsabilidad de todos.