Luego del monumental fraude cometido por el antiguo régimen vino una sucesión constitucional cuya titular recibió el mandato –en tácito contrato con la ciudadanía- de llevar una transición democrática no traumática, que comenzó auspiciosamente. La ruptura de dicho mandato, un hecho político vergonzoso, y la aparición de la calamidad, un hecho de salud pública sin precedentes, pusieron todo de cabeza y acá estamos con un Tribunal Supremo Electoral, fruto, precisamente, de la voluntad ciudadana expresada en las jornadas de octubre y diciembre del pasado año, hastiada de las pandillas que el MAS entronizaba en el ente rector de los procesos electorales –Poder del Estado, para más señales- sometido a fuego cruzado.

Que el señor Morales Ayma y sus huestes la emprendan contra el organismo electoral no debería extrañar a nadie. Evidentemente, una institución imparcial es lo que menos le conviene a la tienda azul, acostumbrada a ordenar a “su” tribunal plurinacional cada una de sus acciones.

Pero que sea el propio gobierno de transición que posibilitó, para regocijo de la ciudadanía, la “limpieza” del TSE, quien le dispare munición gruesa raya en la más absurda incongruencia.

Supongamos por un momento que la señora Presidenta no fuera parte involucrada en la carrera electoral. ¿Estaría su gobierno en afanes de defenestrar al Poder Electoral? No lo estaría, obviamente.

Ocurre, sin embargo, que como se ha entremezclado la gestión con la campaña -cada vez más inclinada a ésta que a aquella- se ha perdido también el sentido histórico de la misión que le fuera conferida por el soberano. No quiero pensar en que a la Presi-candidata le encantaría tener una corte dócil a su disposición. Ojalá no sea el caso, porque de ser así se habrá convertido en aquello que se condenaba desde el frente, pero que, al cruzar la calle, encandilada por el poder, se lo asume como propio y con todas sus miserias.

Como no soy cosmobiólogo no puedo predecir lo que, finalmente, ira a suceder; pero, al menos puedo visualizar escenarios posibles y uno de ellos es el de la exacerbación de las campañas hasta tornarse en violentas. Una violencia que podría trascender el cuidado sanitario impuesto por la calamidad.

A ese escenario, prefiero el de unas elecciones con todas las medidas de bioseguridad que se requieran. Y esto, según me han comentado amigos conocedores del tema, no es un asunto de cuándo, sino un asunto de con cuánto.

Esto quiere decir que si se tienen los recursos económicos necesarios para tal empresa, las elecciones podrían realizarse efectivamente el 6 de septiembre, y  si no se los tiene (o el gobierno no los suelta) podemos esperar sentados hasta el próximo año –y me estoy quedando corto-.

O sea, que nos vengan a decir que esto de patear lo más lejos posible las elecciones es un asunto de carácter sanitario –basta con darse una vuelta por cualquier feria local para caer en cuenta de que una elección con todas las medidas de control es infinitamente más inocua-. ¡Es puro cálculo!, como lo es la insistencia de otros por ir a las urnas la próxima semana si de ellos dependiese.

Es, por último, campaña. Campaña(s) en las que los actores, como decía, están algo desquiciados por lo que se juegan.

Final abierto con pregunta retórica: ¿por quién doblan las campañas?