La comparecencia del Ministro dejó numerosas sombras que poco a poco parece se van confirmando. Con su credibilidad tocada por los excesos que acostumbra en sus valoraciones, muchos advirtieron que se trataba de un simple farol con la intención de movilizar a sus bases y postergar de una vez el debate del 45 por ciento que tiene en tensión a los habitantes del Chaco contra los de O´Connor, Bermejo y Padcaya.

Ayer YPFB Chaco despejó también dudas al asegurar que el contrato no ha sido protocolizado por lo cual han pedido el desistimiento, con lo cual no se habrían generado todavía obligaciones contractuales y solo habría que depurar las responsabilidades políticas de quien hubiera empujado semejante negocio hasta sus últimas consecuencias para acabar abortándolo un día antes. Sí, los más susceptibles recuerdan que la entrega ha sido a Petrobras con YPFB Chaco como apoyo, pero suponer que alguien del Ministerio puede urdir una patraña semejante trasciende los límites del decoro que este medio presupone a los actores involucrados.

Más allá del dramático final que está viviendo esta especie de “comedia griega” que incluye promesas, enojos, venganzas y casi corazones rotos, lo vivido en Tariquía vuelve a dejar al descubierto las incoherencias y dificultades, cuando no injusticias, que conlleva la sacralización de la consulta previa para desarrollar proyectos de interés superior del Estado.

El Ministerio de Hidrocarburos obvió realizar la consulta previa entre las comunidades de Tariquía a pesar de estar más de un año barajando el proyecto. Cuando el calendario se vino encima se aseguró que no era necesaria antes de firmar el contrato puesto que no se sabía qué se iba a explotar concretamente y por lo tanto, no había razón para ello en este momento.

La determinación fue cuando menos controvertida, pues la letra muerta de la Ley habla específicamente de consulta previa, y nótese que los contratos de operación en Bolivia cargan toda la responsabilidad de la exploración a la petrolera contratada y, sólo a partir del éxito, se empiezan a operar los famosos fondos de gastos recuperables. ¿Alguien firmaría un contrato de esa naturaleza sin tener certezas de que a la exploración le seguiría la explotación?

De haberse realizado la consulta previa, con todo el despliegue realizado por el Gobierno, que se ha concentrado no solo en hacer promesas sino en abrir caminos y entregar viviendas sociales por doquier, no hubiera resultado difícil obtener el visto bueno luego de una “consulta informada” que organiza el propio Gobierno para llegar a una conclusión cuyos intereses están en juego. Con todo, también hubiera sido posible que la negativa hubiera frenado el proyecto y preservado la reserva natural intacta.

En este caso, lo que prima son los intereses urgentes del Gobierno de encontrar reservorios grandes y nuevos que puedan sustituir a los existentes que, en todos los casos, datan de más de sus 12 años de Gobierno. El dinero rápido prima y una población muy limitada, y por tanto, vulnerable, es quien debería haber decidido al respecto. Lo mismo hubiera pasado en el caso de que el proyecto hubiera sido fundamental para los intereses del Estado.

Seguramente muy pocos votantes del Movimiento Al Socialismo hubieran creído que Morales y los suyos llegaran a entrar en la Reserva o a apostar por el fracking. Tal vez de haberlo sabido hubieran considerado el sentido de su voto. Proyectos de país y de esta envergadura no deben depender de una consulta previa, sino de un programa de Gobierno presentado a los ciudadanos y refrendado en las ánforas. O no.