En tanto, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, anunció movilizaciones en caso de que la Presidenta no promulgue la ley para realizar elecciones en septiembre.

Estas posturas radicales se dieron en una conferencia de la COB y la Fstmb, oportunidad en que ambos dirigentes sindicales advirtieron con convulsionar el país.

La presidenta Jeanine Áñez expresó su preocupación por la escalada de los casos de coronavirus y aseveró que entre agosto y septiembre se prevé que llegue a su pico, por lo que pidió a la presidenta del Senado, Eva Copa, que respalde científicamente la decisión de llevar las elecciones en septiembre. Aspecto que generó el descontento de sectores afines al MAS.

“Vamos a hacer respetar el derecho fundamental de nuestra gente, porque estamos cansados de tanta prepotencia y provocación. La pandemia está matando gente, pero el hambre está matando más gente aún porque hasta ahora no hemos visto una sola política de salud que sea efectiva”, expresó Gutiérrez.

A su vez, Huarachi afirmó que los trabajadores están en pie de lucha si no se promulga la ley de elecciones. “Los trabajadores vamos a estar en las calles, en las carreteras”, dijo.

Un día antes, el Pacto de Unidad, formado por sectores afines MAS, exigió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) retomar “inmediatamente” el calendario electoral y fijar la fecha de las elecciones generales; caso contrario, advierte que  “las bases se levantarán”.

“Rechazamos contundentemente la postergación de las elecciones. Que el TSE fije inmediatamente el calendario electoral, a efectos de tener un gobierno electo constitucionalmente”, refiere una resolución.

La presidenta Áñez acusó al expresidente Evo Morales, Luis Arce y al MAS de lanzar “ataques violentos contra la democracia en medio de un escenario pandemia viral.

“Viene esta gente con sus ambiciones y sus negocios cocaleros y arman un esquema violento de oposición, que de frente utiliza tácticas y métodos terroristas, y comienzan a volar torres de comunicación, a bloquear carreteras con violencia, a secuestrar periodistas, a expulsar a la Policía en el Chapare”, afirmó en un acto de la Policía.

La ley que fija elecciones el 6 de septiembre fue sancionada por la ALP el 9 de junio y la Presidenta tiene 10 días hábiles para promulgarla o hacer su derecho al veto; caso contrario, la Presidenta del Senado podría ponerla en vigencia.

ONU Y BOLIVIA FIRMAN ACUERDO

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de Bolivia acordaron un proyecto para apoyar el diálogo y los derechos humanos en el país. Este acuerdo se realizó con el objetivo de trabajar en la consolidación de la paz para Bolivia. Contribuirá a profundizar el proceso democrático, el diálogo y el respeto de los derechos humanos aportando un clima de paz y tolerancia. El plan ayudar a superar la polarización política y apoyará el diálogo entre partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y otros actores.

EXPERTO: LEYES DEL MAS PONEN EN RIESGO AL PAÍS

REDACCION CENTRAL

Las duras advertencias de los dirigentes sindicales se dan horas después que la Cámara de diputados sancionó la Ley de Estados de Excepción, remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación, norma que no considere a las movilizaciones sociales o las dificultades financieras, como motivo para declarar un estado de excepción.

Expertos constitucionalistas porque limita el accionar de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Boliviana frente a los hechos de violencia que puedan ser generados por ciertos grupos sociales.

“La función que asume la Asamblea Legislativa es una función destructiva de la institucionalidad del Estado (…), pone en peligro la estabilidad de la democracia en el país, puesto que establece una serie de protecciones y multas por infracciones a los que generen convulsión, como si fuera un procedimiento administrativo (…). Restringe la función de los órganos medulares, con relación a la seguridad y estabilidad del Estado, como las FFAA y Policía, cuando sus funciones y responsabilidades de estos órganos están en la CPE y sus leyes orgánicas”, afirma el abogado José Luis Santistevan.

Agregó que no corresponde dictar una ley ordinaria para regular el estado de excepción, porque la CPE ya establece el procedimiento y cada estado de excepción dictado por decreto debe ser aprobado por una ley extraordinaria que regule las facultades conferidas para el estado de excepción específico.