Bloqueo de leyes, en la Asamblea Legislativa, entrabando créditos para el país, postergación de decisiones urgentes como recursos para las regiones; y también rechazo de normas aprobadas por la AL por parte del gobierno, y críticas del Ejecutivo contra el Órgano Electoral calificando con certeza que la querella penal instaurada por el TSE por el fraude electoral del 20 de octubre 2019 «es defectuosa», retardación en el Tribunal Constitucional de trámites por atentado contra la Constitución, generan conflicto entre los cuatro Órganos del Estado.

El principal tema de discordia es la fecha de elecciones, fijada por el TSE, aprobada por el senado, objetado por el gobierno de transición que fundamenta que primero está la salud y la vida de la población, amenazada por la pandemia de coronavirus. La Asamblea Legislativa, el Órgano Electoral y representantes de varios partidos, consideran que es posible ir a las elecciones con medidas preventivas.

En el centro de este forzado intento dialectico se encuentra la definición de prioridades, y así como para el gobierno el bien superior es la salud, para los políticos es la toma del poder por la vía democrática. El proceso electoral se ha tornado conflictivo, por una serie de contingencias que han puesto cuesta arriba el camino democrático, político, administrativo, económico, social y la pandemia que ha trastocado el curso normal de la vida y las actividades, de manera que ninguna entidad, pública o privada, puede abstraerse de una nueva realidad que lo ha cambiado todo, desde los hábitos higiénicos, la relación en el hogar, la alimentación, el trabajo, el transporte, los estudios, hasta la forma de pensar en el futuro, pasando por la economía y la política.

De todas maneras, si las elecciones se realizan en el presente año, debe ser en el marco y la comprensión de esta nueva realidad que pone en el escenario una forma diferente de ver y valorar las cosas y los hechos, de los cuales no puede escapar la vida política ni la democracia. Por ello es necesario analizar las prioridades en función de este nuevo acontecer mundial que debe mover a los responsables del gobierno, de la Asamblea Legislativa y Tribunal Supremo Electoral, poner en la balanza los riesgos y las prioridades.

Probablemente unos coincidan en que el bien superior es la preservación de la salud pública y la vida y otros la praxis democrática porque implica la vigencia de los derechos, libertades y el futuro de la Patria y de los ciudadanos. Seguramente varios pensarán que esos derechos y libertades se ponen en duda cuando miles de ciudadanos se inhiban de votar para cuidar su salud, impedidos por tratamiento del coronavirus, y también habrá una gran mayoría que quiere un proceso transparente, libre y en condiciones de igualdad para todos, con presencia de observadores internacionales para que no haya otro «monumental fraude como el de octubre 2019» que fue denunciado por la OEA.

¿Podrán cumplir eficientemente esta labor de vigilancia, garantía y fiscalización los observadores? ¿El TSE realmente garantizará que todos los ciudadanos puedan ir a votar? ¿Acaso no se acrecienta el riesgo de abstención y ausentismo por la delicada situación sanitaria?

Si no es posible dar estas seguridades ¿se podrá hablar de elecciones transparentes, imparciales y correctas?

Por ello sostenemos que la crisis actual obliga a que todos los factores de poder, busquen un encuentro que haga posible un pacto por la vida y la democracia.