El 12 de junio reciente, la Presidenta transitoria del Estado ha remitido una carta a la presidenta del Senado, y presidenta en funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Conviene tener siempre presente que la ALP es la representación nacional que, a través del ejercicio de la soberanía delegada, representa al pueblo de Bolivia que ha depositado su confianza mediante el voto directo para los diputados uninominales, e indirecto para los plurinominales al sufragar por la corriente política a la que cada uno de ellos representaba, en todos los distritos del país.

Parece una falta de respeto a esa representación nacional el tenor de la carta referida, en la que, invocando el riego de contagio por la aglomeración que implicas las campañas electorales y el voto, se exige un informe o un estudio epidemiológico que justifique realizar elecciones generales en fecha 6 de septiembre.

No parece justamente razonable tal exigencia en medio de una realidad en la cual cotidianamente vemos, en todo el territorio nacional, la realización normal de actividades que provocan aglomeraciones, por ejemplo la concurrencia a las entidades financieras, para lo cual se hace fila, que en ocasiones en bastante luenga, lo que se repite en inmediaciones de las empresas telefónicas y, en el caso de los centros de abasto, llegando la aglomeración al paroxismo, acaso merced a las singulares restricciones que se ha visto en lo referente a salir según el último dígito del carnet de identidad y actualmente debido a las restricciones de horario y la paralización total de esas actividades en sábado y domingo.
No parece razonable la negativa presidencial a promulgar una ley que ha sido trabajada por el Poder Electoral que reside en el Tribunal Supremo Electoral y cuyo presidente la ha explicado en la ALP, haciendo mención a que se tomaron en cuenta inclusive los aspectos de salud pública y de bioseguridad. La representación nacional aprobó en todas sus instancias ese proyecto.

No parece razonable rechazar, con pretensiones sanitarias, unos comicios populares en los cuales no se ve ciertamente mayor riesgo. Como se sabe, el ciudadano ingresa en un recinto, un aula, solo, a emitir su voto, a diferencia del ingreso, por ejemplo, a un banco repleto de otras personas.

Queremos hacer mención de un factor fundamental a la hora de considerar la realidad actual boliviana: la legitimidad, que se extraña en el momento de adoptar decisiones públicas, la coyuntura de crisis que ha ocasionado la pandemia requiere de medidas estructurales, verbigracia en lo económico. Medidas que deben ser concebidas y aplicadas por un Gobierno surgido de la voluntad popular. Todos los ámbitos: el de la educación, el de la seguridad, requieren de decisiones adoptadas por la legitimidad que da la decisión de los ciudadanos mediante su voto.

Una reflexión final, en el siglo XIX, cuando el Gral. Melgarejo –cuya historia como jefe de Estado está por escribirse– tomó el poder sin mediar el voto popular, luego de ser derrocado y expulsado del país, el siguiente Gobierno declaró nulos todos sus actos, ley de por medio, haciendo ingresar al país en una situación bastante delicada, particularmente, en lo internacional. Surgieron graves desinteligencias en la relación con Chile, que, a la postre, precipitarían la contienda bélica. Y es que este terreno, el internacional, en el que Bolivia tiene mucho por construir, y el de la seguridad nacional, precisan de un régimen legítimo y su manejo ha reportado ingratas experiencias en etapas ciertamente irregulares, como la actual.