“Las buenas noticias parecen ser como fugitivas hoy en día”, sentenció el cantautor y Nobel de Literatura Bob Dylan. Fugitivas allí por el racismo que mata a la población negra, y fugitivas en todo el mundo por los rigores que impone la pandemia COVID 19. “La arrogancia extrema puede traer castigos desastrosos” afirmó, y pensé en la destructiva arrogancia política del ‘ex’ huido y refugiado en Argentina desde 2019.

A él no le importa la realidad que vive el país, con cada vez mayor cantidad de infectados por el virus, hasta con muertos en la calle, porque no llegaron a un centro de salud. El ‘ex’ ni se inmuta por el miserable estado en que dejó el sistema sanitario. Tampoco los pronósticos catastróficos que estaremos viviendo en la fecha que ha impuesto para la celebración de la postergada elección por la pandemia: 6 de septiembre.

En esa fecha, según cálculos de epidemiólogos, las cifras llegarían a 100 mil enfermos, vaya a saber cuántos muertos, y con gran miedo por un probable contagio en los centros electorales. También rabia. Y es que el voto en Bolivia es obligatorio y además punitivo: si se carece del comprobante de votación, las personas están impedidas de hacer cualquier trámite administrativo, bancario u otro. Nada le ha importado ni al cocalero Morales, ni al Tribunal Electoral, el cuarto Poder del Estado, cuyo presidente habla de dar bioseguridad a los electores. No sé cuántos años tienen las y los miembros de ese Poder. Pero, a quienes pasamos los 70 largos y otros ya por los 80 ¿qué garantía nos da si llevamos hoy, 18 de junio, más de tres meses de cuarentena porque la edad es un factor de riesgo? Quizás no importamos, porque las y los viejos somos pocos, menos de 10% de la población. Sin embargo ¡queremos ir a votar, porque es nuestro derecho! Toda la sociedad boliviana quiere elecciones, pero no a costa de la salud y la vida de nadie: ni viejo, ni de mediana edad, ni joven.  Exigimos un informe epidemiológico tanto al Tribunal Electoral como a la Asamblea Legislativa, manejada con sus 2/3 por el cocalero, para fijar una fecha que preserve la vida y la salud, cuando la curva de contagios haya descendido. 

Los hechos apuntan a que el ‘ex’ dirige la conspiración contra la sociedad democrática y contra el gobierno de la presidenta Jeanine Añez. Desde Buenos Aires digita una guerra política en medio de la pandemia y atiza las tensiones entre los poderes del Estado, merced a sus 2/3 en el Legislativo. Esa correlación de fuerzas a favor del cocalero arrastró a Bolivia a la supresión de la independencia de poderes, entre otros abusos: todos los Poderes del Estado concentrados en el autócrata cocalero.

Los 2/3 del Legislativo son un ‘Poder Tranca’: pone piedras en el camino a toda iniciativa democrática. Ya sea para atender la pandemia con un 10% de incremento al sector salud, proyecto de ley arrinconado por la mayoría masista, desde febrero de este año. Ese 10% es que el ‘ex’ se negó a otorgar, como exigía el Padre Mateo y toda la sociedad, hace más de 5 años. También “tranca” los créditos de organismos internacionales (CAF, FMI, BM) para afrontar la crisis sanitaria y el déficit de $us 18.000 MM dejados por el hoy candidato Luis Arce Catacora, entonces ministro de Economía. Frena los ascensos de miembros de las FF.AA, en espera desde febrero, también. Tranca hasta la devolución de 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) confiscados a Gobernaciones, Municipios, muchos en manos de sus militantes, y a Universidades.

Con esos 2/3 ha aprobado una ley que limita la acción del gobierno para enfrentar casos de emergencia social por disturbios, alzamientos, actos terroristas como tumbar torres de transmisión y comunicación, en un retorno a los viejos tiempos del guerrillero ex Vice. En otras palabras, el gobierno no podría dictar “estados de excepción” porque esta ley ha dejado a la Policía y a las FF. AA con las manos atadas. La presidenta ha recurrido dicha ley ante el Tribunal Constitucional.

La guerra política del ‘ex ’se ejecuta también desde su ‘Santuario’ como presidente vitalicio de los cocaleros, quienes cultivan la materia prima de la cocaína, la hoja de coca. Lugar nada ‘santo’, dado que por ahí andan en la impunidad los narcos y sus mafias. Allí lo recogió un avión del gobierno de México, seguramente en acto de solidaridad del socialismo del siglo 21 y de algunos otros nexos que habría que buscar en el libro de Roberto Saviano ‘CeroCeroCero’: “Quien ignora México no entenderá nunca el destino de las democracias transfiguradas por los flujos del narcotráfico.”

En ese Santuario del Trópico de Cochabamba, los herederos del cocalero rechazan las normas de bioseguridad por la pandemia, hacen bloqueos, amedrentan a gente común, a periodistas, les hostigan, roban y destruyen sus instrumentos de trabajo. En el feriado de Corpus Christi, periodistas de la Red Unitel y el diario El Deber fueron agredidos física y verbalmente y estuvieron a punto de ser linchados en Entre Ríos, provincia Chapare, centro del poder cocalero. Se oyeron los gritos “que los quemen”.  Los rescató la policía.

En esta guerra anda el Grupo de Puebla, el ex Foro de San Pablo. En su última reunión exigió que se reconozca el resultado de las elecciones de octubre de 2019, que en alevoso acto de corrupción declaró ganador a Morales. ¿Quiénes se creen que son y con qué derecho ofenden la consciencia democrática de Bolivia que hizo huir al dictador corrupto Morales y sus compinches? Algunos de sus más connotados están asilados en la embajada de México en La Paz.

La ausencia de buenas noticias es larga.  Sin embargo, Bolivia resistirá a la pandemia, a la arrogancia de algunos y a la guerra del ‘ex’ contra la democracia, que la queremos sin tutela alguna.