La Paz, 18 jun (ABI).- El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, afirmó el jueves que hará una evaluación jurídica del proyecto de ley, sancionado en Diputados, para regular los estados de excepción; advirtió que si el MAS promulga la norma acudirá al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para impugnarla.

    "El Gobierno, ha sido claro, primero hará una evaluación jurídica de la norma, apelará a los mecanismos constitucionales que la propia Constitución franquea y atribuye a la Presidenta  (Jeanine Añez) y si (el MAS) finalmente decide poner en vigencia esa ley, vamos a acudir al Tribunal Constitucional porque es una irresponsabilidad generar una norma que está regulada por la propia Constitución", afirmó Santamaría.

    La autoridad hizo las declaraciones luego del acto de homenaje a los 23 policías fallecidos durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.

    El Viceministro señaló que la propuesta normativa solo busca respaldar las acciones políticas del MAS, proteger dirigentes e impedir el trabajo de los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas para garantizar el orden en el país.

    "Es una irresponsabilidad y lamentablemente responde a instrucciones políticas y partidarias promover una ley de ésta naturaleza", aseguró  la autoridad.

    El miércoles, la Cámara de Diputados, controlado por el MAS, sancionó el proyecto de ley que regula los estados de excepción y lo remitió al Órgano Ejecutivo para su promulgación. La semana pasada, la norma fue aprobada por el Senado.

    Uno de los artículos que generó polémica es el que establece que los funcionarios civiles, militares y policiales "serán responsables de los actos que emitan, de las órdenes que impartan y las acciones en ejecución del estado de excepción".

    En ese sentido, Santamaría insistió en que es una falta de responsabilidad que se haya elaborado una propuesta normativa que ya está regulada por la Constitución Política del Estado (CPE).

    El artículo 137 de la CPE establece que en caso de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural, el Presidente del Estado tendrá la potestad de declarar el estado de excepción, en todo o en la parte del territorio donde fuera necesario.

    La norma dispone que la declaración del estado de excepción no podrá en ningún caso suspender las garantías de los derechos, ni los derechos fundamentales, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los derechos de las personas privadas de libertad.

    En tanto, el parágrafo segundo del artículo 139 de la Carta Magna dispone que quienes violen los derechos establecidos en esta Constitución serán objeto de proceso penal por atentado contra los derechos.

    Ante esta situación, Santamaría ratificó que se acudirá al TCP y a las instancias que sean necesarias para lograr que el proyecto de ley no se ponga en vigencia, debido a que con esa norma se pretende amedrentar a los policías y militares, y proteger a los dirigentes sindicales del MAS, que promueven "acciones terroristas" y generan inestabilidad en el país.

    El miércoles, el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, anticipó que si la norma es "inconstitucional" se presentará un recurso de inconstitucionalidad abstracta ante el TCP para impugnarla.