Entendamos que la democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo, donde todos los individuos participan en la toma de decisiones de manera participativa y horizontal, puede ser entendida como una doctrina política y una forma de organización social que elementalmente debe tener los componentes de respeto por los derechos humanos consagrados por la Organización de las Naciones Unidas, la libertad individual, distribución del poder en diferentes actores sociales, sufragio universal, libre y secreto, representatividad, alternancia en el poder, libertad de prensa y opinión, igualdad ante la ley, limitación del poder de los gobernantes y apego al Estado de derecho consagrado en la Constitución Política del Estado, norma suprema de Bolivia.

Han transcurrido 37 años de la Democracia moderna en Bolivia y aún no comprendemos ni discernimos qué es vivir en democracia, con actores políticos del pasado y presente inmersos en la corrupción persiguiendo sus intereses individuales y no los colectivos de nuestra patria Bolivia.

Es bueno rememorar el nacimiento de la democracia moderna,10 de octubre 1982 gobierno de Hernán Siles Zuazo, y los puntos en contra en la evaluación general, uno de sus mayores problemas no ha podido activar la economía de Bolivia, corroída por la ingobernabilidad (ejecutivo, legislativo), por la corrupción de los clanes internos y externos inmersos en las drogas y fue crucificado entre el sable de los militares y la cruz con la huelga de los mineros; el acoso de los Estados Unidos y las democracias europeas hicieron que la inocencia de la democracia boliviana se fundiera en manos de la corrupción.

"Bolivia se nos muere" palabras que están marcadas en la memoria de los bolivianos con el D.S.21060 promulgado por Víctor Paz Estensoro, y planificado por el ministro de Planeamiento el multimillonario Gonzalo Sánchez de Lozada y asesorado por el norteamericano Jeffey Sachs, el 29 de agosto de 1985. El decreto congelaba salarios, aumento de precio en la gasolina, libre contratación, racionalización de la burocracia ("Relocalización", despido masivo de los trabajadores), libertad de precios, libre oferta y demanda, fomento de las exportaciones o reforma tributaria. Una de las ideas criminales sobre el 21060 es que marcó una lógica de desmantelamiento del estado boliviano.

"Dejar hacer, dejar pasar", Jaime Paz Zamora con una sorpresiva alianza con el general Hugo Banzer Suárez, logró la presidencia de la República de Bolivia (1989 - 1993), empañada de narcotráfico por sus colaboradores Isaac "Oso" Chavarría, le obligó a una renuncia pública a la actividad política y el encarcelamiento de su operador de todos los tiempos Oscar Eid Franco, dejando mal parados a los seguidores del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, politiqueros de simple discurso y doble moral.

El Gobierno de Hugo Banzer Suárez, que llegó al poder con la "democracia pactada", agosto 1997, se sustentó en coaliciones de gobierno con mayoría parlamentaria y en acuerdos de oficialistas y opositores, con

fuerzas parlamentarias del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Acción Democrática Nacionalista (ADN). Era un rodillo de reparto de cargos públicos bajo criterios prebendales y desmantelamiento del Estado a favor de los que se enriquecieron con el acoso ruin a la democracia.

En las páginas negras de la historia de Bolivia aparece Tuto Quiroga Ramírez, impulsor del proyecto "Pacific LNG", quien firmó un acta de intensiones en Estados Unidos para vender el gas natural licuado (GNL) a través de un puerto chileno a mercados de México y Estados Unidos, por muy debajo de los costos reales; aprovechando la investidura de mandatario de Bolivia en 2002.

Revisar las páginas de la historia de Bolivia en democracia da una verdadera nostalgia como la de Gonzalo Sánchez de Lozada que en febrero del 2003 impulsó medidas económicas, entre ellas un nuevo impuesto sobre los salarios que generó protestas en todo el país. Sánchez de Lozada retiró su proyecto, pero la grave crisis suscitada, salpicada de violentos incidentes, motivó la dimisión de todos los miembros de su gobierno. La exportación de gas natural generó nuevos descontentos, principalmente por la posibilidad de que el transporte de dicho producto se efectuara a través de un puerto chileno.

En septiembre y octubre de 2003 se suscitaron manifestaciones promovidas por la Central Obrera Boliviana y por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que convocaron a un paro general indefinido. La revuelta se extendió a las principales ciudades del país, La Paz y El Alto, fueron militarizadas por el gobierno. La represión dejó al final de los hechos sesenta personas muertas y alrededor de cuatrocientos heridos y la huida de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Por su parte, el gobierno de Carlos Mesa (2003-2005), entre los enamoramientos que hubo con el MAS, amplió la concesión de las hectáreas de cultivo de coca legal. Esas que marcan cada vez más grande la polémica sobre cuán funcional resultan los gobiernos a los potenciados circuitos del narcotráfico en Bolivia.

Los delitos que han marcado los escándalos de Gobiernos bolivianos tienen que ver con los que atentan contra las libertades democráticas, narcotráfico, tráfico de armas y delitos económicos.

El Gobierno transitorio de Eduardo Rodríguez Veltze, sufrió el mayor problema de tráfico de armas de la historia boliviana.

En el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) de Juan Evo Morales Ayma (22 de enero 2006 al 10 de noviembre de 2019), se conoció múltiples actos de corrupción desde el desfalco de Bs.37.690.000 al Banco Unión, se destituyó a un gerente, otros en la cárcel y 18 personas involucradas; pasando por el caso Dircabi que 22.914 bienes confiscados al narcotráfico, de los cuales el 70% valuados en 140 millones de dólares había extraviado; como es que el ejército cerró la empresa de Construcciones del Ejército (ECE), por estar en quiebra y por incumplir contrato de $us.40 millones; la licitación de tres taladros valuadas en $us.148,8 millones derivó en la acusación de 15 funcionarios y destitución de Guillermo Achá como presidente de YPFB; 23 militares de alta graduación quedaron presos por caso de Barcazas chinas, cuyo daño económico al Estado fue de $us.80 millones; el millonario escándalo del fondo indígena derivó al menos en un daño al Estado de $us.1.02 millones de 1.100 proyectos que no se concretaron y varias denuncias de narcotráfico y muchos otros temas pendientes ante el pueblo boliviano.

Hemos prostituido a la Democracia en Bolivia, donde uno la toca salta la pus, hasta en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez Chávez, casos comprobados y denuncias de coacción, tráfico de influencias, sobreprecios, pagos y cobros irregulares, además de uso indebido de bienes estatales, desnudan la fragilidad de un gobierno de transición en 9 meses de gestión.

Sólo para ejemplificar el uso indebido de bienes del Estado también aparece en la lista de casos identificados al conocerse que los ministros de Gobierno y de la Presidencia, Arturo Murillo y Yerko Núñez, reconocieron que personas particulares abordaron aeronaves de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) para fines no oficiales. Hablamos del hijo de una amiga de la presidente Áñez y de una modelo beniana.

Tras renunciar a su cargo, el 8 de mayo, el exministro de Minería Carlos Huallpa denuncia imposición de cargos y negociados en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

El 11 de mayo también se conoce de la renuncia de dos viceministros, que dependían del Ministerio de Defensa, debido a denuncias sobre presuntos cargos de corrupción relacionados con irregularidades en la adquisición de equipos para luchar contra el Covid-19 y a pagos personales, según una nota publicada en la web defensa.com del Grupo Edefa SA de España.

Franz Choque Ulloa, viceministro de Empleo Servicio Civil y Cooperativas, hacía un cálculo electoral detrás el plan de empleo promovido por el Gobierno de Jeanine Áñez que busca generar al menos un millón de "votos agradecidos" en las próximas elecciones generales.

Como verán, la democracia es hoy el sistema que utilizan la mayoría de los políticos para gobernar sin trabas, delinquir con impunidad, disfrutar privilegios que no merecen y mantenerse en el poder.

La democracia entendemos es un sistema con garantías que impide a los sinvergüenzas y canallas manipular y controlar el poder, pero hoy es un sistema prostituido por los partidos políticos, con sus reglas básicas alteradas y convertido en una sucia y vulgar dictadura.

Las ciudadanas y ciudadanos debemos exigir una reforma profunda del sistema que le devuelva las garantías y controles perdidos de una Democracia con valores y principios por la dignidad de nuestra patria Bolivia.