La semana pasada fue aprobada en el Senado, por lo que el Gobierno anticipó que recurrirá al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), tomando en cuenta que su único fin es limitar a las fuerzas del orden y buscar convulsionar el país, en vísperas de elecciones generales.
El proyecto, sancionado a pesar de las observaciones del Gobierno y de la bancada de Unidad Demócrata (UD), consta de cinco capítulos, 25 artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria y una disposición derogatoria.
En uno de sus puntos establece que la norma servirá para definir las modalidades y acciones del Gobierno durante el tiempo que duren estas medidas.

Asimismo, se refiere a la existencia de tres casos por los cuales el Ejecutivo podrá declarar un estado de excepción: por conmoción interna, desastre natural y por peligro para la seguridad del Estado y amenazas externas, en este último no se considera a las movilizaciones sociales o las dificultades financieras como motivo para declarar un estado de excepción.
También existe una disposición transitoria por la que le instruye al Ejecutivo remitir información sobre los resultados con las medidas de confinamiento que se dictaminaron desde marzo para contener la expansión del coronavirus COVID-19.

Añade que “el Presidente o Presidenta tiene la potestad de declarar el estado de excepción mediante Decreto Supremo emitido en Consejo de ministros. Esa declaratoria deberá ser comunicada a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en 24 horas para su aprobación en una sesión que deberá realizarse en un plazo de tres días”. Continúa y explica que en la declaratoria debe expresar los motivos por los cuales se impone y las limitaciones de los derechos y garantías, además que no se podrán imponer sanciones administrativas por el incumplimiento de las medidas establecidas, salvo una multa pecuniaria que no podrá exceder el 10% del salario mínimo nacional o del ingreso del infractor.

FACULTADES La ALP tendrá la facultad de aprobar, por mayoría absoluta de todos sus miembros, modificaciones al decreto supremo y esas serán de cumplimiento obligatorio por el Gobierno. En caso de que se rechace la declaratoria, esta queda suspendida de forma inmediata.

Por otro lado, en el caso de conmoción interna, es decir por una grave perturbación del orden público que atente de manera real contra la responsabilidad institucional o seguridad pública que no pueda ser controlada por la Policía boliviana, se autoriza la salida de las Fuerzas Armadas en operaciones de orden público y control de disturbios civiles, bajo planes de operaciones elaborados por los ministerios de Gobierno y Defensa.

En el caso de un desastre natural, incluidas las situaciones de epidemias, contaminación ambiental, entre otros, se deberá aplicar lo que señala la normativa vigente sobre gestión de riesgos con la finalidad de garantizar el abastecimiento de mercados y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

Cuando se declare la medida por peligro para la seguridad del Estado y amenaza externa, el gobierno podrá disponer que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Boliviana, además de la convocatoria al personal jubilado, reservistas y ciudadanos al servicio activo bajo el mando militar.

En criterio de legisladores contrarios al MAS, la norma podría respaldar a quienes vayan a generar convulsión sea por romper la cuarentena o en apoyo o rechazo a candidatos durante la época electoral.