Han pasado ocho meses desde que se cometió el espantoso fraude que provocó el mayor remezón político desde la recuperación de la democracia en Bolivia. Evo Morales se sintió con el poder para cometer semejante golpe, pero no tuvo más remedio que huir como un vulgar ratero sorprendido in fraganti, luego de conocerse los detalles que motivaron la reacción enérgica de la ciudadanía, que por primera vez en mucho tiempo, contó con el respaldo de la comunidad internacional, especialmente de la OEA, que documentó minuciosamente lo ocurrido con las elecciones del 20 de octubre de 2019.

Al delito de fraude, el cocalero sumó cargos por terrorismo, por incitación a la violencia y por atentar contra la vida de millones de bolivianos, a los que ordenó cercar y matar de hambre. Existe una orden de captura contra él, hay personas que ocuparon altos cargos en el Tribunal Supremo Electoral que están detenidas; ellos mismos han hecho confesiones comprometedoras que implican a autoridades del antiguo régimen y además de aquello, existen informes completos de organismos que intervinieron en la observación de los comicios, todos ellos respaldados por delegaciones de la Unión Europea y otras instancias que merecen todo el crédito.

Por eso mismo no se explica cómo el actual Tribunal Supremo Electoral (TSE) haya demorado tanto en reaccionar ante tantas evidencias y ocho meses después haya presentado una denuncia cargada de ambigüedades, excesivamente débil y que incurre en la deficiencia de no mencionar nombres.

Esta querella, además de que resultará insuficiente para dar con los culpables y sancionarlos como manda la ley, enturbia el proceso electoral que está en curso, pues ninguna limpieza es posible donde hay uno de los actores que permanentemente está buscando la manera de repetir el fraude y consumar el golpe con el que pretende instaurar una dictadura.

La dilación y la desidia del TSE han permitido que el MAS recupere fuerzas, se rearme y lo que es peor, que recobre el discurso cargado de cinismo con el que está boicoteando la restauración de la democracia a costa de poner en riesgo la salud y la vida de millones de bolivianos.

Desde un principio los bolivianos sabíamos que el MAS no tendría piedad del país, de la democracia ni de la crítica situación por la que estamos atravesando. Ellos actuaron como una organización criminal para mantenerse en el poder, arreglaron unas elecciones plagadas de irregularidades y la misión de las instituciones y de las autoridades nacionales que tienen el mandato de la población que se sublevó contra el dictador, era aplicar todo el rigor de la ley.

Lamentablemente ha sido todo lo contrario y en lugar de poner al cocalero y su banda donde corresponde, le hemos permitido que restituya su capacidad de hacerle daño a Bolivia.