«Con esa nueva acción, orientada a proscribir al MAS-IPSP e inhabilitar a todos los candidatos del pueblo en estas elecciones, la imparcialidad del TSE está en duda», señala el pronunciamiento. Y aclara que el fin de la denuncia presentada es quitarle la personería jurídica al partido.

Observa que la querella presentada por el ente electoral fue formulada de manera general porque a lo largo de siete meses «no se presentó ninguna prueba fehaciente» sobre el presunto fraude electoral ocurrido en octubre de 2019.

Hoy el procurador general del Estado, José María Cabrera, instó al presidente del TSE, Salvador Romero, a reformular la denuncia penal del caso fraude electoral porque no específica al sujeto denunciado. Explicó que la querella presentada la semana pasada ante el Ministerio Público es «contra nadie», porque en ella dice «a quienes resultasen autores, cómplices o encubridores».
Para el MAS-IPSP es un ataque más planificado por el Gobierno actual, presionado desde la Procuraduría del Estado, y lamenta que el Órgano electoral haya cedido ante el «objetivo de prorrogarse en el poder».
El partido azul hizo conocer el pronunciamiento con el fin de denunciar ante la comunidad internacional y hacer conocer que se pretende «impedir la participación electoral de la primera fuerza política en Bolivia que representa a las mayorías nacionales».
La Sala Plena del TSE hizo conocer ayer que presentó una querella penal en el caso fraude electoral que se lleva adelante.