"En los últimos días se ha articulado una maliciosa campaña de desinformación contra la OEA, con evidentes objetivos políticos, en relación a su rol en las pasadas elecciones de Bolivia. Como parte de esta campaña, incluso se solicitó a la OEA que convalide los resultados de las elecciones generales de Bolivia del 20 de octubre de 2019. Al respecto, la Secretaría General manifiesta que la convalidación de resultados es una facultad exclusiva de las autoridades nacionales acreditadas por su ordenamiento constitucional vigente (y) corresponde sólo a los bolivianos determinar sus decisiones soberanas", cita el documento.

Esta reacción se registra luego de una serie de publicaciones, en medios de comunicación y redes sociales, con el objetivo de demostrar que no hubo fraude electoral en Bolivia, lo que según la OEA  provocó confusión con la "intención parcial e interesada que procura generar mayor desinformación" sobre los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales.

El organismo internacional indica que, en algún caso, hasta se llegó a citar un estudio, que presenta contradicciones e imprecisiones, marcado por "cierta orientación ideológica", lo que demuestra "una encomiable aparente lealtad hacia el expresidente Morales".

"En su afán por justificar un resultado de las elecciones (del 20 de octubre de 2019), los autores (de las cuestionadas publicaciones) llegan al extremo de ofrecer una explicación basada en los apellidos supuestamente indígenas de algunos votantes, lo cual, además de ser absolutamente especulativo y de desconocer el secreto del sufragio, podría ser calificado como racista y propio de una mirada colonialista", menciona el comunicado.

En otras palabras -según el documento- el estudio estadístico realizado por la OEA no buscó validar u objetar el resultado de las elecciones, sino, identificar comportamientos "anormales o sospechosos" en las tendencias para poder orientar el trabajo de los otros equipos de la auditoría, que luego dieron con las "pruebas incontrastables de la manipulación" de las elecciones, es decir, los servidores informáticos ocultos, con capacidad para modificar los resultados y las actas adulteradas.

En ese marco, la OEA insiste en que es "un intento desesperado por 'lavar' el fraude electoral que se fraguó sin éxito en Bolivia y generar la percepción de que existe más de un estudio que respalde su posición, se hace referencia a un autodenominado 'think tank', que en rigor no es más que 'propaganda tank', consagrado a la defensa de gobiernos ilegítimos en la región como el venezolano y el cubano".

De igual forma, agrega la nota, al comparar las elecciones de Bolivia con el voto anticipado en los Estados Unidos y las elecciones de Brasil, "los investigadores exhiben una ignorancia profunda tanto de las diferencias abismales entre estos sistemas electorales como de los contextos en que se desarrollaron los comicios".

Según la OEA, la debilidad principal de esos estudios estadísticos radica en que todo su análisis se hizo a partir de dos premisas falsas: suponer que los resultados reportados en el cómputo oficial de Bolivia son válidos (pese a que existían actas prellenadas, falsificadas, adulteradas y modificadas); y suponer que el análisis estadístico demuestra o no demuestra fraude.

"Un análisis estadístico por sí solo no valida ni comprueba un fraude, sino que da indicios de dónde observar con mayor atención. (Es así que) los propios autores del estudio en cuestión señalaron a The New York Times que su investigación no prueba que las elecciones hayan sido libres y justas, y que hubo múltiples problemas durante los comicios que han sido documentados. Los "múltiples problemas" son actas falsificadas, servidores ocultos y la votación de personas fallecidas", afirma la OEA.

Pues la OEA sostiene que el viso de aparente seriedad que se intenta dar a esta secuencia de desinformación, atribuyendo la autoría a universidades o supuestos equipos de profesionales, obligan a "desenmascarar a quienes llevan adelante esta campaña. (Aunque) estas citas no resultan sorpresivas ya que son el mismo perro con distinto collar".

Es así que "ese 'think tank' entra en el terreno de lo tragicómico al sugerir, por ejemplo, que la manipulación de un sistema informático paralelo y oculto se hizo para "corregir errores" y que constituyó una acción aceptable, a pesar de que en rigor se trató de actos completamente fuera del marco legal, que revertían decisiones de tribunales departamentales", agrega la Organización.

Entonces -según la OEA- grupos de personas, que no son expertas en temas electorales, han montado una "narrativa de desinformación basada en atacar a la Organización, buscando cambiar la percepción de la realidad (...) y acá se está poniendo la democracia en juego y por lo tanto no se permitirá comercializar estas mentiras, falsedades, errores o ignorancia lisa y llana".

Antecedentes

Dos días después de los comicios del 20 de octubre de 2019, el entonces presidente Evo Morales envió una comunicación dirigida a la Secretaría General de la OEA invitando a realizar una auditoría al cómputo oficial de votos.

En su respuesta, la Secretaría General aceptó la invitación e indicó que la OEA procedería a realizar un análisis de "integridad electoral" que comprendiera la verificación de cómputos, aspectos estadísticos, verificación de actas y cadena de custodia.

El 30 de octubre, la Secretaría General de la OEA y el Gobierno de Bolivia firmaron los acuerdos relativos a la auditoría, en los que se estableció que -tras concluir su análisis- el equipo de especialistas entregaría un informe a la Secretaría General, que luego lo enviaría al Ejecutivo boliviano. Además, con la finalidad de asegurar la seriedad y rigurosidad, las partes acordaron que las conclusiones del análisis serían vinculantes.

El 10 de noviembre, se dieron a conocer los hallazgos preliminares de la auditoría. Los expertos de la OEA detectaron una manipulación dolosa en los comicios en dos planos. Primero, a nivel de las actas, a partir de la alteración de las mismas y la falsificación de las firmas de los jurados de mesas.

En segundo lugar, en el nivel del procesamiento de los resultados, a partir del redireccionamiento del flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por personal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), haciendo posible la manipulación de datos y la suplantación de actas.

A lo anterior, se sumaron irregularidades graves, tales como la falta de resguardo de las actas y la pérdida de material sensible.

Luego, reconociendo el informe de la OEA, el propio Morales anunció que se anularía las elecciones cuestionadas y se convocaría a un nuevo proceso; al final, renunció al cargo en medio de una ola de protestas sociales, y buscó refugio en México y luego en Argentina, donde reside actualmente.