La presidenta transitoria Jeanine Áñez en un mensaje oficial pidió más tiempo para la realización de las elecciones generales en Bolivia, con el pretexto de evitar contagios de coronavirus, generando un conflicto de poderes con la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo Electoral, después que aceptara un acuerdo interpartidario que fijó convocar a los comicios hasta el próximo 6 de septiembre. A siete días de sancionadas las modificaciones de la Ley 691, de Postergación de Elecciones Generales 2020, en la Cámara de Senadores, la mandataria no pretende promulgar la norma y planteó “un mes o dos meses más no le hará daño a nadie”. “En un momento tan sensible como el que estamos viviendo, tenemos oportunistas políticos, una Asamblea que en vez de colaborar con los bolivianos nos pretenden bloquear permanentemente y eso no es justo para Bolivia”, aseveró Añez. Dicha Ley fue presentada por el TSE y concertada con la mayoría de las fuerzas políticas habilitadas para los comicios. La norma 691 establece como un tope máximo para el desarrollo de las elecciones el 6 de septiembre de este año. Además, señala que podrán inscribirse en el padrón electoral quienes cumplan 18 años hasta el 06/09. La norma 691 modificó el rango inicial que había fijado la Ley 1297, que era hasta el 2 de agosto. Pese a que la agrupación Juntos de Áñez aceptó el acuerdo con la nueva fecha, su indecisión genera incertidumbre en el país en medio de una crisis sanitaria y económica, que ya ha reportado muertos en la calle por Covid19. La semana pasada, Yerko Núñez, ministro de la Presidencia, anunció que el gobierno promulgaría la Ley. Días después, Áñez envió una carta a Eva Copa, presidenta del Senado pidiendo un “informe epidemiológico”, sobre el curso de la pandemia, que justifique la decisión parlamentaria de convocar a elecciones. El 2 de junio, cuando el TSE anunció el acuerdo político para las elecciones hasta el 6 de septiembre, su presidente Salvador Romero aseguró que “Bolivia debe tener la certeza que la elección 2020 cumplirá a la vez con los exigentes estándares de integridad electoral, calidad democrática y protección sanitaria”. Tanto el Movimiento Al Socialismo (MAS) como Comunidad Ciudadana (CC), que postula a Carlos Mesa, consideraron que la intención de Áñez es “prorrogarse” en un mandato que sólo tenía el fin de convocar y presidir nuevas elecciones. Ella misma señaló, al recibir la banda presidencial de manos de un militar, que convocaría “a la brevedad posible”. El lunes pasado, el MAS se pronunció aclarando que a quien debería pedir Áñez un informe epidemiológico es al presidente del TSE, dado que fue el Órgano Electoral el que fijó la fecha. En este contexto, Copa afirmó que mientras no sea promulgada la Ley 691, la Ley 1297, que fija un plazo tope hasta el 2 de agosto, es la que sigue vigente. Eduardo Rodríguez Veltzé, ex presidente transitorio, invocó el artículo 12 de la Constitución para referirse al problema. “Los órganos de poder están separados pero obligados a coordinar y cooperar en las funciones de Estado. Sólo con madurez, más diálogo y menos confrontación podrán salvar sus diferencias en democracia”, escribió el 12 de junio. Añez tiene aún dos días más. De no promulgar la ley, el MAS dijo que Copa lo hará, como con la Ley 1297. Iván Lima, abogado constitucionalista, aseveró que Copa está facultada para ello. El 2 de junio, el TSE hizo conocer que el acuerdo político, logrado con las fuerzas políticas, tuvo el auspicio de la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas y la iglesia Católica. El analista Marcelo Aruquipa considera “un intento de parte del Gobierno transitorio de minar el único espacio institucional que hoy sirve, funciona y que además tiene legitimidad como es el Órgano Electoral. La única garantía que funcione todo esto es resguardar la labor del Tribunal Supremo Electoral, no atacarlo como están haciendo ahora”, expresó Arequipa. Pero no todo se mueve en el ámbito político. El MAS emitió ayer un comunicado en el que denuncia “ante la comunidad internacional, especialmente ante las instancias que velan por la democracia y los derechos políticos de los pueblos, que se está gestando un nuevo intento de proscribir nuestra participación en las Elecciones Generales 2020”. El documento se refiere a que “el día 15 de junio de 2020, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó ante el ministerio Público una querella penal por el presunto fraude en las Elecciones Generales 2019 y la formuló de manera general porque a lo largo de siete meses no se ha presentado ninguna prueba fehaciente. Por el contrario, universidades con mucho prestigio internacional e institutos de investigación independientes que han llevado a cabo estudios científicos sobre el escrutinio de la votación en las elecciones, concluyen que no hubo fraude y que el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) no es confiable”. Con esta querella, el ministerio Público tendría que pronunciarse. Con todo, tal como señaló Salvador Romero, las elecciones son imprescindibles para devolver certidumbre al pueblo boliviano y restituir el orden democrático en el país.