El acoso y la violencia política es parte de la cultura y la práctica política en Bolivia, pero adquiere matices más crudos y violentos cuando se trata de mujeres.
La evidencia nos indica que esta forma de acoso y la violencia política en todos los niveles de gobiernos, nacional o subnacionales. Sin embargo, la mayoría de los casos se presentan donde el Estado tiene poca presencia, donde se dificulta la denuncia o porque las autoridades ignoran la norma.
En Potosí, el pasado fin de semana, la asambleísta por el Movimiento Al Socialismo (MAS –IPSP) Miriam Vargas fue víctima de un atentado contra su vida, le quemaron la casa por no haber avalado decisiones tomadas en una asamblea, contra su voluntad. Las amenazas contra su vida, integridad física y la de su familia persisten, pero, al parecer, las autoridades no han tomado las medidas necesarias para proteger su seguridad.
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron repudio e indignación por los hechos de violencia política perpetrados contra la asambleísta, demandando a las autoridades y Fiscalía investigar los hechos para evitar que queden en la impunidad.
De igual manera, se demanda que el Tribunal Electoral Departamental no dé curso a la renuncia de la asambleísta ni habilite al suplente, por producirse en el marco del acoso y violencia política, que han sido conocidas por los medios de comunicación.
La Dirección Nacional del MAS-IPSP, adicionalmente, debería tomar conocimiento del hecho y habilitar los mecanismos internos para sancionar a los dirigentes que hubieran participado de los hechos de violencia con la suspensión de mandato, independientemente de que el caso llegue a ser tratado por la vía penal y/o administrativa.
El acoso y la violencia política debilitan más la democracia, la violencia política debe ser sancionada y rechazar venga del partido que venga.
