El Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) publicó, en español, su informe completo sobre las elecciones de 2019 en Bolivia, en el que ratificó que no hubo evidencia sobre la alteración de los resultados, por lo cual acusó a la Organización de Estados Americanos (OEA) de “tergiversar” los datos de su auditoría y crear una falsa narrativa de que hubo fraude. La publicación del CEPR se hace conocer luego de que un reportaje del diario estadounidense The New York Times, del 7 de junio, descubrió que la auditoría de la OEA que llevó a la anulación de los comicios “era deficiente”. “Examinamos detenidamente la evidencia estadística de la OEA y hallamos problemas con sus métodos”, indicó al periódico Francisco Rodríguez, un economista de la Universidad de Tulane. “Una vez que corregimos esos problemas, los resultados de la OEA desaparecen, sin dejar evidencia estadística de fraude”, insistió el especialista en estudios latinoamericanos. Participaron también del análisis Nicolás Idrobo, estudiante que cursa un doctorado de la Universidad de Pensilvania, y Dorothy Kronick, experta de política latinoamericana del mismo centro de estudios de Estados Unidos. El documento del CEPR enfatiza en 5 hallazgos y sostiene que el informe final de la OEA se basa en análisis estadísticos defectuosos y suposiciones incorrectas; entierra u omite por completo los resultados de sus ejercicios de verificación a pesar del hecho de que sean altamente relevantes; y no presenta evidencia que apunte a la manipulación de los resultados electorales. Como cuarto punto, destaca que la auditoría de la OEA no presenta evidencia que indique que los problemas con el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), reales o supuestos, afectaron al cómputo o que el cómputo fue alterado de manera fraudulenta. Además, el informe del CEPR no proporciona claridad sobre la detención del TREP y, como resultado, perpetúa una “narrativa falsa de fraude”. En marzo, el CEPR divulgó un estudio preliminar, a lo que la OEA salió a responder la “manipulación intencional” de los resultados de los comicios. “Parcial, parcializado, sin rigor técnico electoral”, calificó la OEA al análisis de Jack Williams y John Curiel, investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que replicaron los hallazgos del CEPR y concluyeron que “no podemos encontrar resultados que conduzcan… a la misma conclusión que la OEA”. El gobierno transitorio de Áñez en Bolivia descalificó el documento al igual que algunos medios de comunicación bolivianos. En su publicación traducida al español, en la introducción, el CEPR explica que su estudio se centra en el informe final de la auditoría realizada por la OEA “y muestra cómo los autores tergiversan tanto los datos como la evidencia encontrados… en un intento de reforzar aún más sus afirmaciones sobre una manipulación intencional por parte de las anteriores autoridades electorales de Bolivia”. El CEPR no niega que la OEA identificó “varios problemas reales de la gestión electoral”, denominada de irregularidades, sin embargo, “no proporciona ninguna evidencia de que esas irregularidades hayan alterado el resultado de la elección o fueran parte de un intento deliberado de hacerlo”. El CEPR aclara que su estudio no pretende validar lo sucedido el 20 de octubre de 2019, ni apoyar a un candidato o partido en particular. “La credibilidad de la OEA tiene enormes implicaciones de cara a las próximas elecciones bolivianas… Una organización multilateral llamada a resolver una disputa electoral debe ser honesta, imparcial y creíble. Este estudio muestra que la OEA no puso en práctica estos criterios en el caso de la crisis electoral boliviana de 2019”. Por tanto, señala una “conducta poco ética”. La “narrativa de fraude que la OEA ayudó a promover” fue decisiva en el destino político del país y la crisis que se vive actualmente. El CEPR se estableció en 1999. Fue cofundada por los economistas Dean Baker y Mark Weisbrot. La Junta Asesora incluye a los economistas del Premio Nobel Robert Solow y Joseph Stiglitz; Janet Gornick, profesora de la Escuela de Graduados de CUNY y directora del Estudio de Ingresos de Luxemburgo; y Richard Freeman , profesor de economía en la Universidad de Harvard.