El presidente del TSE, Salvador Romero, sostuvo que el actuado, que fue entregado al Ministerio Público, “es fruto de un proceso de reflexión, de meditación colectiva, de un análisis sopesado desde el punto de vista jurídico para presentar un documento que sea sólido”.

El documento advierte la presunta comisión de los delitos electorales de falsificación de documentos o uso de documento falsificado, manipulación informática y alteración y ocultación de resultados, previstos en la Ley 026 del Régimen Electoral. 

También señala la presunta comisión de los delitos de corrupción de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, establecidos en el Código Penal, modificados por la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas.

“Una querella de las características como las que presentó el TSE no es un acto jurídico que se improvisa, es un trabajo que requiere un análisis minucioso, riguroso, muy apegado a la ley y, por lo tanto, los tiempos que se requieren para presentarlo pueden ser algo largos, pero el TSE ha cumplido con sus obligaciones legales”, insistió Romero.

Desde la Procuraduría del Estado se hicieron cuestionamientos por el silencio desde la presidencia del TSE respecto al caso, cuando ya las instancias departamentales se habían sumado a la denuncia contra ex autoridades del MAS y ex vocales electorales por el supuesto fraude electoral.

“Pretendemos contribuir al esclarecimiento de lo que ha sucedido en octubre de 2019, en la elección, y que sea la justicia la que determine si se han cometido o no delitos y quienes serían los presuntos responsables”, concluyó el titular del ente electoral.