Evacuaron la ley por la que arbitrariamente pretenden llevar a elecciones a 7.200.000 bolivianos en plena pandemia del Covid-19, haciendo vista gruesa de los fallecidos, los enfermos, la economía paralizada, y que la sociedad esta avocada a cuidar de su salud, con el sórdido justificativo que los actuales gobernantes adolecen de incompetencia en la administración de la cosa pública. Es imperioso que las elecciones o cualquier otro acto que conlleva aglomeración de personas, solo vuelva a materializarse cuando las autoridades clínicas y no los politiqueros, la autoricen; más aún, cuando se tenga consciencia de que la vida y la salud son valores más importantes que elegir políticos, que, dicho sea de paso, decepcionan más que contribuyen con los intereses nacionales. 

Un vivillo diputado, procurando obtener benevolencias con el patrimonio privado de la población, propuso la mal llamada ley de inquilinato condonando el cincuenta por ciento de los alquileres, quiso olvidar que tales transacciones comerciales son de orden privado y no público, por lo que los políticos no poseen potestad para disponer a su libre albedrío sobre la propiedad privada, por lo que desecharon dicho proyecto. 

La última ocurrencia legislativa de los diputados dominantes de la Asamblea Legislativa y al mismo estilo de lo que hicieron con la infame reelección indefinida del presidente, consiste en querer legislar el Estado de Excepción, suprimiendo, la parte de la “Conmoción Interna”, prevenida y ordenada por el art. 137 de la Constitución. Los legisladores, en su proyecto de ley, maliciosamente, omitieron la frase: “conmoción interna”, con la finalidad de que cualquier acto delictuoso contra la seguridad publica disfrazado de marcha, movilización, paro o bloqueo, a los que nos tienen acostumbrados los partidarios del anterior gobierno, como los suscitados en el trópico cochabambino, Kara Kara, Senkata, cuando explotaron antenas, ductos, caminos, quemaron domicilios, expulsaron policías y conformaron de fuerzas irregulares; hasta, para favorecer al expresidente y algunos de sus ministros, que están bajo investigación penal por haber ordenado cercar las ciudades del país. 

Como se ve, se corrobora que los citados asambleístas repugnantemente ensayan cercenarle al Estado boliviano el único medio jurídico que le permite actuar preventivamente contra posibles disturbios causados por grupos irregulares y que solo pretenden irrumpir con la paz social que todos los bolivianos pretendemos en un Estado democrático. 

El Estado de Excepción es un concepto de teoría política acuñado por Carl Schmitt (jurista alemán que estableció el papel político de las constituciones como documentos centrales de cualquier arquitectura política) que prevé un régimen de excepción y que puede declarar un gobierno en periodos de disturbios o de zozobra; instrumento legal que está prevenido en las Constituciones de nuestro orbe. 

Así, ni el Tribunal Constitucional mucho menos cualquier político, posee competencia legal para mutilar la Constitución Política del Estado. De ahí que lo que prevalecerá en materia de “Estado de Excepción” y ante cualquier norma antojadiza, siempre será lo ordenado por la Constitución, en su Art. 137, y que previene la “conmoción interna” como circunstancia para que el presidente declare dicho Estado de Excepción. Concluyentemente, los asambleístas que evacuaron los crasos e inconstitucionales proyectos de ley, solo demuestran una delictiva inconducta que procuran la ingobernabilidad del Estado, por lo que deben reconducir sus desempeños parlamentares y dejar de ultrajar la Constitución que es la principal norma que los regula.