Las elecciones de 20 de octubre de 2019 fueron anuladas por el MEGAFRAUDE del cocalero fugado, lo que fue ratificado por la OEA y los veedores representantes de la Unión Europea. Las elecciones fueron reprogramadas para el 3 de mayo, no se realizaron por la pandemia del coronavirus, siendo postergadas para el 2 de agosto. Y ahora con el “acuerdo político” con los partidos políticos en carrera, a la cabeza del MAS con su candidato Luis Arce, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) envió el proyecto de Ley al Legislativo y ahora está en manos del Ejecutivo para su promulgación (esperemos que no lo haga). Este “pacto” no garantiza que el COVID-19 deje de ascender, porque no hay condiciones para que los casos positivos se reduzcan hasta el 6 de septiembre, fecha fijada para los comicios nacionales.

El soberano con asombro observa que prevalece la “democracia pactada” entre los candidatos y el TSE, sin fundamento científico sanitario. Ese pacto no toma en cuenta el Art. 241 que establece la “Participación y el Control Social”, por lo que el pueblo tiene derecho a PARTICIPAR en esas decisiones, pero por la premura de las fuerzas políticas para acceder al poder político, privilegian sus intereses personales y partidarios, sin propuestas para contener la crisis sanitaria --por la falta de hospitales, equipamiento, insumos de bioseguridad, personal médico-- y mucho menos la crisis socioeconómica y sociopolítica que se avecina.

Ese “pacto” no garantiza que la cantidad de afectados por el coronavirus comience a disminuir en agosto y se den las condiciones para septiembre. Por tanto, es muy apresurado ese “pacto” entre los caudillos y el servidor Romero del TSE. Se muestra la ambición de poder, antes que la prioridad de enfrentar el virus que está diezmando a la población, ya que a pesar de la cuarentena, la ciudadanía sale a las calles por desesperación para alimentar a su familia, sin asimilar la magnitud del virus, mientras el gobierno no controla los hechos de corrupción y va perdiendo credibilidad.

Parece que el terrorista Evo Morales desde Buenos Aires acordó la fecha de elecciones, sin tomar en cuenta que muchos médicos, enfermeras, periodistas, militares y policías dieron positivo de COVID-19. Qué pasará si aumentan los casos de contagio de estas personas que cuidan nuestra salud y nos informan, ¿quiénes cuidarán a los enfermos, cuyo número crece?

Por tanto, los servidores del TSE deben reunirse con epidemiólogos y no con caudillos o recibir órdenes de fugitivos que ordenaron en Beni, Cochabamba y también en Yapacaní bloqueos, marchas, agresiones a médicos y enfermeras, destrucción de bienes del Estado, conduciendo a la muerte a los enfermos, al propiciar el ascenso del coronavirus. Se advierte que serán responsables, juntamente con los partidos políticos, de la pérdida de vidas, por su ambición de poder. Y pueden ser sujetos a procesos penales por: resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de funciones establecidas en la CPE, daño económico al Estado, por desembolso de recursos que no garantizan resultados óptimos.

Por tanto exigimos al TSE: 1) Cumplir el Art. 18.I y el Art. 26.2 de la CPE. 2) Actualizar el Padrón Electoral con militantes REALES y sin fantasmas o doble identidad. 3) Empadronar a los nuevos electores a nivel internacional para ejercer su derecho constitucional a votar y elegir. 4) Garantizar que los de tercera edad ejerzan su derecho al voto, previa consulta a los epidemiólogos. 5) Cumplir con el Art. 208.I que le obliga a ejercer su independencia, como un cuarto poder, sin subordinarse a otro Órgano del Estado. 6) El gobierno debe someterse al Soberano y no a intereses político-partidarios. 7) Finalmente, como no hay garantías para las elecciones, el gobierno debe SUSPENDER las “elecciones” hasta que se garantice la vida y la salud de las y los bolivianos.