Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: martes 16 de junio de 2020
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Asamblea Legislativa Plurinacional
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“Que haya una imparcialidad en la investigación”, afirmó la noche del lunes la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa (MAS), quien aprovechó para exigir a la presidenta Jeanine Añez la promulgación de la Ley 1297 modificada que fija las elecciones generales para el 6 de septiembre.
“El TSE presentó ante el Ministerio Público la querella penal contra quienes resultaren autores, cómplices, instigadores o encubridores de la presunta comisión de delitos electorales durante las elecciones generales 2019”, señala un comunicado del TSE.
La presidenta del Senado también pidió “transparencia” en la investigación del Ministerio Público, cuya indagación determinará si hubo fraude electoral en los comicios del 20 de octubre.
“Que se actúe como se tenga que actuarse, nosotros no estamos acá; personalmente creo que todo debe pasar por la transparencia y que haya una imparcialidad en la investigación”, dijo Copa.
La Organización de Estados Americanos (OEA), que realizó una auditoría a las elecciones generales del 20 de octubre, estableció “manipulación dolosa”, “parcialidad de la autoridad electoral” y la alteración de la “voluntad expresada en las urnas”. Además, “las manipulaciones e irregularidades señaladas no permiten tener certeza sobre el margen de victoria del candidato (Evo) Morales sobre el candidato (Carlos) Mesa”, añade el informe final de la OEA.
El presidente del TSE, Salvador Romero, informó que se asumió dicha decisión para contribuir al esclarecimiento de los hechos ocurridos en ese proceso eleccionario. “Es importante señalar que el Órgano Electoral ha cumplido con todas sus obligaciones y uno de ellos era presentar una querella fundamentada desde el punto de vista jurídico y que tenga solidez”, dijo Romero.
La querella también es contra la presunta comisión de los delitos de corrupción, de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, e incumplimiento de deberes establecidos en el Código Penal.
La Procuraduría General del Estado afirmó que el Órgano Electoral debió actuar en el marco del artículo 14 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que dispone que la máxima autoridad ejecutiva de la entidad afectada o las autoridades llamadas por ley deberán constituirse de forma obligatoria en parte querellante de los delitos de corrupción y vinculados, una vez conocidos éstos, debiendo promover las acciones legales respectivas, ante las instancias competentes.
El 10 de junio, la Procuraduría informó que hasta ahora los Tribunales Departamentales Electorales (TED) de Chuquisaca, La Paz, Oruro, Pando, Potosí y Tarija, presentaron querellas dentro de este caso.




