Pese a estar amenazado en sus inicios por las sombras del militarismo y en los últimos años por las pulsiones autoritarias de ciertos civiles, así como afectado en su trayecto por crecientes pugnas de intereses político-económicos, el régimen democrático consiguió subsistir desde octubre de 1982, pero en distintas ocasiones vio interrumpido o distorsionado su afianzamiento institucional.

Tras superar variados obstáculos y afrontar siquiera tres grandes crisis (la hiperinflacionaria en 1985, la de deslegitimación política en 2003-2005 y la de violación constitucional en 2016-2019), lo que se ha mantenido es el procedimiento formal y legalista de recambio gubernamental, que la mayoría poblacional todavía asume como camino aceptable para tal fin.

Ello ha generado una sensación de cierta estabilidad política, favorecida por la prosecución no reconocida de los lineamientos básicos en la gestión económica heredados del programa neoliberal de ajuste, aunque no haya la misma impresión en el ámbito social, que alimenta la permanente protesta social y arrastra viejos e irresueltos problemas, como ha vuelto a evidenciarse en estos meses de pandemia.

Se podría decir que, en términos gruesos, la gente en Bolivia sigue legitimando los principios y el método de la democracia, sin que termine de encarnar sus valores (libertades, derechos, ley, justicia, pluralismo, participación, transparencia, etc.) y sin que el sistema político como tal se hubiese democratizado.

De 1982 a la actualidad el país ha tenido 13 gobiernos con 10 presidentes, 9 de ellos varones y una mujer; 3 fueron de La Paz, 3 de Cochabamba y 1 de Tarija, Oruro, Santa Cruz y Beni. Uno de ellos (Gonzalo Sánchez) estuvo al mando dos veces y otro (Evo Morales) en tres ocasiones; ambos tuvieron en común que no llegaron a concluir sus períodos finales como producto de rebeliones sociales (2003 y 2019) que se les pusieron al frente.

Considerando esos 2 casos, más los de Hernán Siles y Hugo Banzer (que renunciaron a un año de sus respectivos períodos, uno para evitar el regreso de los uniformados y el otro a causa de una enfermedad terminal),  el del gobierno sucesorio de Jorge Quiroga (que reemplazó a Banzer) y los de los gobiernos transitorios de Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez y Jeanine Áñez, hubo solamente 4 gobernantes que completaron sus mandatos: Víctor Paz (1985-89), Jaime Paz (1989-93), Gonzalo Sánchez (1993-97) y Evo Morales (2006-09 y 2010-14).

Si desde el principio se hubieran cumplido los tiempos constitucionales, desde el retorno democrático Bolivia debiera haber tenido sólo 9 gobiernos hasta el momento, pero no todo marchó regularmente. Los períodos de 4 gobiernos fueron recortados en medio de agudas crisis políticas (Siles en 1985, Sánchez en 2003, Mesa en 2005 y Morales en 2019) y hubo 4 procesos de sucesión: Quiroga a Banzer (2001), Mesa a Sánchez (2003), Rodríguez a Mesa (2005) y Áñez a Morales (2019). De los 13 gobiernos de la actual etapa democrática, 4 carecieron de mayoría parlamentaria –Siles, Mesa, Rodríguez y Áñez–, sin que lo contrario probara ser garantía de una gestión estable. En todo caso, sí se verificó que los acuerdos pre o poselectorales, con organizaciones políticas o sociales, así como las prácticas de cooptación (en el caso de Morales), casi siempre rindieron frutos para los gobernantes (menos en el caso de Siles, desestabilizado desde dentro por parte de sus aliados) y fueron redituables para sus socios, más o menos, dependiendo de quién se tratara.

Entre las más destacadas irregularidades políticas registradas a lo largo del proceso democrático (la corrupción económica corresponde a otra categoría de las anomalías del sistema), se puede señalar la inconstitucional habilitación de la candidatura del entonces vicepresidente Jaime Paz en 1985, la sui géneris ruptura del vicepresidente Mesa con el presidente Sánchez en 2003 que le permitió sucederle, la abierta presión que impidió a los presidentes de las cámaras parlamentarias suceder a Mesa en 2005 y obligó al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez, a asumir el gobierno, la reiterada vulneración de la Constitución en 2009, 2014 y 2019 para forzar las candidaturas continuas de Morales y la fallida estratagema de la renuncia premeditada a la cadena de sucesión constitucional por los inmediatos colaboradores de Morales en los órganos ejecutivo y legislativo en noviembre de 2019.

Es posible advertir, por tanto, que la vida boliviana en democracia, vista políticamente, ha estado atravesada de circunstancias que, no obstante llevar al país al borde del abismo en diferentes oportunidades, llegaron a ser reconducidas incluso en el último minuto.

Ante este panorama, es necesario tener claro que, si bien el sistema democrático subsiste, se requiere desarrollar y perfeccionar sus mecanismos institucionales, así como fomentar y potenciar la cultura democrática ciudadana.

La crisis poselectoral de octubre-noviembre de 2019 y sus secuelas están mostrando, una vez más, los graves riesgos que se ciernen sobre el régimen de libertades todavía vigente. Urge que la democracia, además de pervivir formalmente, se fortalezca como sentido común y realización concreta. Por eso, debiera tenerse presente que los comicios próximos no servirán apenas para elegir a un nuevo gobierno.