“La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, en su condición de Máxima Autoridad Ejecutiva, ha presentado ante el Ministerio Público la querella penal contra quienes resultaren autores, cómplices, instigadores y/o encubridores de la presunta comisión de los delitos electorales”, señala la nota de prensa.

Indica que los delitos son los establecidos en la Ley 026 del Régimen Electoral: “Falsificación de documentos o uso de documento falsificado; manipulación informática y alteración y ocultación de resultados”.

Además, por la “presunta comisión de los delitos de corrupción de `Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes´ e `Incumplimiento de Deberes´, establecidos en el Código Penal, modificados por la Ley N° 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas”.

Antes que la Sala Plena del TSE diera a conocer la querella, el procurador del Estado, José María Cabrera informó el 10 de junio que hasta esa fecha sólo seis de nueve Tribunales Electorales Departamentales (TED) habían presentado querella por el fraude electoral del 20 de octubre.

Cabrera denunció el 26 de mayo que, a más de seis meses de la denuncia por presunto fraude electoral, existía omisión de parte de la Sala Plena del TSE a su obligación de formular querella y constituirse en parte dentro del caso.

La autoridad explicó en ese momento que se llevaba adelante el caso de inicio procesal sobre el presunto fraude electoral en Bolivia que empezó en noviembre de 2019, a través de un instructivo del Fiscal General del Estado.

Dijo que tanto los exvocales electorales departamentales como nacionales tienen imputación formal en el caso y actualmente algunos de ellos guardan detención preventiva en los centros penitenciarios y otros cuentan con medidas sustitutivas.