El Gobierno anunció que presentará ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 199; de Estados de Excepción, porque vulnera la Constitución Política del Estado y pretende dejar en la impunidad las acciones violentas que ocasionan los sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, afirmó que esa norma es una réplica a la Ley de Garantías que pretendió dejar en la impunidad a los dirigentes del partido azul por los conflictos de noviembre pasado.

“Vamos acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional para demandar de inconstitucionalidad esta ley porque no tiene pies ni cabeza, la Constitución es Clara respecto al tiempo de su duración, a la forma que se explica los hechos ante la Asamblea Legislativo. Es una ley de contenido político donde el MAS pretende proteger a su militancia que se movilice contra el Gobierno”, explicó Santamaría.

La norma regula el accionar de la Policía y Fuerzas Armadas para no intervenir las movilizaciones protagonizadas por sectores sociales. Además, sólo establece sanciones contra aquellos que vulneran los derechos humanos de los sectores en conflicto. Su tratamiento continuará en la Cámara de Diputados.

En ese contexto, el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra calificó la norma como inconstitucional el proyecto normativo porque no se acomoda a las disposiciones establecidas en la carta magna.

“Son leyes políticas, sin ningún análisis y ningún debate; son leyes anticonstitucionales. Vamos a recurrir al Tribunal Constitucional para que lo declare anticonstitucional. La ley (de Estado de Excepción) es una ley que no se ajusta a los preceptos constitucionales”, puntualizó la autoridad.

De acuerdo a la norma en cuestión, el Gobierno sólo se podrá llamar a un estado de excepción cuando “se constituya en una amenaza real de un estado de guerra internacional, invasión, ataque de una o más potencias extranjeras o fuerzas irregulares de extrema gravedad e inminente que puedan afectar los intereses de Bolivia”.

El parágrafo II, del artículo 13, advierte que cualquier servidor público, civil, militar o policial que actúe “violando los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado, pretendiendo ampararse en el estado de excepción, será procesado y sancionado, administrativa, civil y penalmente”.

“Es una ley que lo único que tiene como objetivo es intentar incendiar el país en vísperas de una elección y en una crisis sanitaria”, insistió Coímbra.

Observaciones

Al respecto, el analista político Carlos Börth, cuestionó la propuesta de la norma que establece que la Asamblea Legislativa solicite informe al Órgano Ejecutivo cada semana sobre los planes de los operativos que realizarán las fuerzas del orden.

“Este proyecto de ley tiene una concesión ideologizada y sectaria, además es arbitrario y absurdo y tiene una intencionalidad política. No podemos llenar el vacío real que existe en el país en relación a los estados de excepción con un proyecto de esta naturaleza”, puntualizó el experto.

La exdiputada de Unidad Demócrata (UD), Jimena Costa, consideró que el MAS se prepara para generar convulsión social en las calles y a nivel del legislativo conflictuar la institucionalidad del Estado.

Sanciones

Por otra parte, el artículo 9 del proyecto de ley señala que no se establecerán sanciones administrativas por el incumplimiento de las medidas impuestas por el estado de excepción, salvo una multa económica del 10% de un Salario Mínimo Nacional o del ingreso que perciba el infractor.

Además, queda prohibido cualquier tipo de sanción que restrinja la libertad física o privación de los servicios básicos, bancarios, carburantes, alimentación o servicios de salud.

Esto en referencia a la suspensión de las actividades bancarias en el Chapare que determinó la ASFI en abril pasado, por los actos violentos que se registraron en esa región.