A esa sospecha conducen varios actos políticos de estos días, como el caso de una inesperada ley que el MAS aprobó en el Senado aprovechando su heredada mayoría, para regular los estados de excepción con la curiosa prohibición para declararlos en caso de movilizaciones sociales o dificultades financieras internas.

La ley establece que el Gobierno solo podrá aplicar un estado de excepción en caso de “amenaza real de un estado de guerra internacional, invasión, ataque de una o más potencias extranjeras o fuerzas irregulares de extrema gravedad e inminente que puedan afectar los intereses de Bolivia”. 

Para nadie es desconocido que esas circunstancias son lejanas y hasta imposibles en este tiempo de la historia, en cambio sí existe la posibilidad de que se den circunstancias de conmoción interna en las que se hace necesario declarar un estado de excepción. Pero el proyecto del MAS elimina esta posibilidad.

Por si eso no fuera suficiente, la ley del MAS libera de responsabilidades penales a quienes provocan convulsión social al establecer leves multas del 10 por ciento del salario mínimo nacional, pero a los efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que actúen dentro de un estado de excepción los responsabiliza administrativa, civil y penalmente.

En pocas palabras, una ley hecha a la medida de los movimientos sociales masistas para que estos puedan conspirar libremente contra la democracia y no haya instrumento legal ni de fuerza que los detenga. 

La norma ha sido tratada por los legisladores del MAS con carácter de prioridad dejando de lado el tratamiento de otros proyectos referidos a la salud y los recursos para las regiones necesitadas de dinero por la emergencia sanitaria del coronavirus.

Pero no es el único gesto. También están las dominicales instrucciones y anuncios que hace el líder del MAS desde Buenos Aires a través de una radio del Chapare, el intento por retomar una vez más la teoría de que no hubo fraude el 20 de octubre con la ayuda de oficiosos “estudios” que aparecen de vez en cuando, las acciones violentas de sus seguidores contra la prensa y la policía en áreas de su “dominio territorial” como Entre Ríos, Yapacaní, y poblaciones del trópico cochabambino.

A esos intentos desestabilizadores del MAS y su líder, curiosamente contribuyen mucho la presidenta Jeanine Áñez y su entorno primero con su desacertada e inoportuna decisión de participar en la elección, capitalizando el apoyo electoral sin cauce de la movilización popular de octubre en la que ni ella ni su partido ni sus nuevos aliados participaron ni tuvieron nada que ver. 

Igualmente, los constantes desaciertos de gestión, los nombramientos inseguros de autoridades que duran pocas horas o días, los actos de corrupción en YPFB y en la compra de respiradores, los abusos de poder como el uso de aviones del Estado para beneficio personal, la política de buscar réditos electorales con el manejo de la pandemia del coronavirus y el copamiento del poder por entornos partidarios y familiares, abren los ojos del MAS para sacar ventaja política cuando apuntan con el dedo y dicen que volvió el pasado y la corrupción de la derecha.