La propuesta masista advierte que el Ejecutivo solo podrá aprobar un estado de excepción cuando un hecho “se constituya en una amenaza real de un estado de guerra internacional, invasión, ataque de una o más potencias extranjeras o fuerzas irregulares de extrema gravedad e inminente que puedan afectar los intereses de Bolivia”.
Asimismo, en el artículo 13 del proyecto se establece que “los servidores públicos, militares, civiles y policiales serán responsables de los actos que resulten de las órdenes que impartan y las acciones que realicen en ejecución del estado de excepción”, y podrán ser sancionados civil y penalmente, mientras que los infractores tendrán una multa del 10% del salario mínimo nacional”. 

El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, señaló que el Gobierno (presidenta Jeanine Áñez) no promulgará esa ley y, más bien, la llevará a consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La autoridad gubernamental dijo que el MAS busca la aprobación, con el único objetivo de convulsionar el país, intentando decirle a sus movimientos sociales que salgan a las calles y que los gobernantes no podrán hacer nada. “Yo les aseguro, si el partido de Evo Morales intenta desestabilizar a este Gobierno constitucional, las FFAA y la Policía saldrán a las calles a poner orden sin necesidad de declarar un estado de excepción, como ocurrió el año pasado (en los hechos violentos de octubre y noviembre”.
Es preocupante y hasta reprochable que el Gobierno y los parlamentarios del MAS se enfrasquen en una discusión por un proyecto de ley que, al menos en estos momentos, no es una prioridad, ya que Bolivia está luchando contra el coronavirus que ya contagió a más de 15.200 personas y mató a más de 500.
Mientras los hospitales del país están colapsando y los profesionales en salud hacen hasta lo imposible por salvar las vidas de los pacientes sin tener las mínimas condiciones y se exponen a los riesgos del mortal virus, parlamentarios y gobernantes destinan su tiempo en discusiones político partidarias en lugar de volcar sus esfuerzos y realizar un trabajo conjunto para luchar contra la COVID -19.

La diputada masista Sonia Brito manifestó que el proyecto de ley “es absolutamente constitucional, porque solo refuerza lo que dice la Carta Magna, preserva los tratados internacionales en materia de derechos humanos y que en “estado de excepción hemos visto que no se cumplieron. Sabemos que como forma de dilación, el Gobierno deriva las leyes al TCP, pero si lo hace, esta instancia no le dará la razón”.
Es bueno recordar que el estado de excepción está constitucionalizado. El artículo 139 señala: “la vigencia de la declaración del estado de excepción dependerá de la aprobación posterior de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que tendrá lugar apenas las circunstancias lo permitan y, en todo caso, dentro de las siguientes setenta y dos horas a la declaración del estado de excepción”.
En estos momentos, pretender normar lo que ya está constitucionalizado no es lo más coherente, más aún cuando hay otras prioridades que requieren el tiempo, dedicación y esfuerzo de los poderes Ejecutivo y Legislativo. ¿Qué pretenden ahora los políticos? ¿No les duele cómo hay personas que ya comienzan a morir en las calles o que hay gente que peregrina por una atención médica para vencer al virus?