Inquieta por esa perspectiva, Jeanine Áñez dirigió ayer a la Presidenta del Senado, y de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), una carta solicitándole información acerca de los datos que habrían servido a la legisladora y a su partido para determinar el día que tendrá el lugar el sufragio.

“Le pido que me haga llegar usted el estudio médico y científico (epidemiológico) en el cual basa su decisión y la del MAS, para impulsar elecciones el 6 de septiembre”, dice la carta enviada por la Presidenta a Eva Copa.

La misma comunicación escrita enuncia, más adelante, que “Es comprensible y muy respetable que usted y otros dirigentes políticos quieran elecciones lo antes posible. Pero es aún más comprensible y más respetable que una enorme mayoría de los bolivianos sientan que esas elecciones son un riesgo enorme para la salud y la vida de cada familia en nuestro país”.

Lo que resulta poco comprensible en la solicitud presidencial es que sus preocupaciones se manifiesten cuando la ley que fija la fecha para las elecciones ya está sancionada por el Poder Legislativo y solo falta promulgarla, acción que Áñez podría abstenerse de ejecutar, como lo hizo, al final de abril, con la anterior ley que postergó esos comicios que debían realizarse el 3 de mayo.

Pero ese no es el caso esta vez, pues, como lo anunció su Ministro de la Presidencia, el miércoles último, “la Presidenta promulgará la Ley por respeto a las instituciones de la democracia (...) La Presidenta y el Gobierno han dejado claro que no obstaculizarán la fecha de las elecciones que se decida en la ALP y el TSE (Tribunal Supremo Electoral)”.

Y es, precisamente, el TSE que sugirió la nueva fecha de los comicios a la ALP, por lo que la solicitud de la Presidenta termina de desconcertar.

Es cierto que las estimaciones epidemiológicas prevén que lo peor de la pandemia nos azotará entre julio y agosto. Y si ese impacto llegara a cobrar la dimensión que Áñez parece temer, el TSE –la instancia del Estado responsable de la realización de los comicios– tomará la decisión que la circunstancia impone y propondrá una tercera ley de postergación de las elecciones, que la ALP deberá considerar.

Así, resulta incomprensible la preocupación de la Presidenta por la fecha de las elecciones, tanto más cuanto ésta pudo haberse manifestado, de manera oportuna, hace dos semanas, cuando el TSE estaba concertando la nueva prórroga de los comicios.