Mientras tanto, la irrupción de violencia en el trópico en tiempos de pandemia, como la agresión a periodistas el jueves de Corpus Christie, es interpretada por el oficialismo como el hecho que confirma un escenario de golpe, violencia y muerte. Evo Morales responde que “el gobierno de facto” le echa la culpa “de todo lo malo que pasa en Bolivia”.

 Ese proyecto de ley advierte que sólo se podrá llamar a un estado de excepción cuando “se constituya en una amenaza real de un estado de guerra internacional, invasión, ataque de una o más potencias extranjeras o fuerzas irregulares de extrema gravedad e inminente que puedan afectar los intereses de Bolivia”.

En el artículo 13 establece que “los servidores públicos, militares, civiles y policiales serán responsables de los actos que resulten de las órdenes que impartan y las acciones que realicen en ejecución del estado de excepción”, y podrán ser sancionados civil y penalmente, mientras que los infractores tendrán una multa del 10% del salario mínimo nacional”. 

La presidenta del Senado. Eva Copa, señaló que se aplicará “si en algún momento se violara el uso de la represión y el uso de los agentes químicos, ese es el único objetivo”.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, acusó el jueves al MAS de poner en marcha un plan para generar un golpe de Estado, desestabilizar al país y dejarlo en la indefensión con la aprobación de esta ley, porque le quita a la Policía y a las Fuerzas Armadas la capacidad de actuar ante hechos de violencia, “además de generar  secuestros en la región del Chapare y mandar a morir a campesinos con el nuevo coronavirus”.

La Asamblea no aprobó el 10% para la salud, tampoco la restitución del 12% del IDH, mientras que alcaldes afines al partido de Evo Morales reclaman más dinero, pese a que la ahora viceministra de Comunicación, Isabel Fernández, les recordó esta semana que esos fondos están en sus cuentas. La bancada masista conformó rápidamente comisiones para investigar el caso Respiradores o la compra supuestamente con sobreprecio de gases lacrimógenos para la Policía.

“Pero ni se les ocurra a los masistas que, porque presenten un proyecto de ley, nosotros vamos a decir está bien, hagan lo que quieran. Nosotros vamos a hacer respetar los derechos de 11 millones de bolivianos. Estamos trabajando en el tema legal, pero ni la Policía Boliviana ni las Fuerzas Armadas se van a prestar a esa pasayada”, subrayó Murillo. 

Para él resulta "vergonzoso" que la Asamblea Legislativa, en más de 180 días, no pueda aprobar la ley que busca asignar el 10% del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el sector de Salud.

El analista Paul Coca comentó que al MAS, en estos últimos 14 años, nunca le interesó el proyecto que busca reglamentar los estados de excepción. "Lo que sucede es que ellos prevén que después de las elecciones podrían generar un escenario de confrontación en las calles. Otro elemento que llama la atención es que cualquier diputado o senador puede solicitar la suspensión del estado de excepción”.

Coca aseguró que el partido de Evo Morales es consciente de que es posible que no gane las elecciones, “así que pone las condiciones para apelar, de hecho si no lo hace en primera vuelta, a la movilización. Eso quiere decir que el MAS piensa en salir a las calles en situación de derrota”, le dijo el analista a la red Unitel.

Violencia
El Ministro de Gobierno consideró que este comportamiento demuestra que al MAS no le interesa la vida, "sino la confrontación y la muerte".
Advierte que el masismo trata de impedir el avance de la democracia generando hechos de violencia, llevando a la muerte a los campesinos en el Chapare haciéndoles creer que la enfermedad no existe y que por eso los casos van en aumento.

Murillo aludió también a lo ocurrido la mañana del jueves en Entre Ríos, donde reporteros de Unitel y EL DEBER fueron agredidos. “No creo que podamos avanzar en democracia secuestrando periodistas, no creo que podamos avanzar en democracia llevando a nuestra gente a la muerte, indicándoles que la pandemia es un invento”.

La presidenta Jeanine Áñez se refirió a este tema en su cuenta de Twitter: “Lamentablemente, el evismo opta por la violencia. Vuelan torres, secuestran periodistas y ahora hacen una ley que golpea la seguridad de las familias y apoya la violencia del dirigente. Es un mal camino. El buen camino es la democracia y la paz: nosotros lo tenemos claro”.

La respuesta de Evo Morales, no se dejó esperar, también por Twitter, donde señaló que “el gobierno de facto echa la culpa a Evo de todo lo malo que pasa en Bolivia: golpe, masacres, pandemia, contagios, hambre, incapacidad, corrupción, crisis económica, nepotismo, incertidumbre en elecciones y hasta el atentado terrorista que armó y ataque a periodistas”.

El dirigente cocalero Andrónico Rodríguez, también se manifestó al respecto, y señaló que en ningún momento hubo intentos de quemar ni secuestrar al equipo de Unitel en Entre Ríos. "Rechazamos las agresiones a la prensa vengan de donde vengan, pero también le pedimos a la prensa que no distorsione ni manipule la información”, subrayó.

El candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, dijo que rachaza toda acción de acoso contra los periodistas en el ejercicio de su trabajo, sin importar su origen, “pero las acciones de violencia organizada, que ponen en riesgo su vida y su integridad son además delitos que deben ser investigados y sancionados con el máximo rigor”.

Luego, en su siguiente twit, llevó el incidente a la arena electoral diciendo que "Las elecciones deben realizarse, precautelando la salud y la vida de l@s ciudadan@s, el próximo 6 de septiembre. Bolivia ya no soporta que continúe gobernando el MAS con sus 2/3 desde la Asamblea Legislativa".

El candidato por el MAS, Luis Arce Catacora expresó su solidaridad con los trabajadores de la prensa que sufrieron agresiones. “Rechazamos estos hechos sin importar de dónde provengan. La libertad de prensa y la libertad de expresión deben ser precauteladas por el Gobierno y por la sociedad", manifestó.

Luego, fustigó el ataque a la exjefa de gabinete de Evo Morales, Patricia Hermosa, recluida por denuncias de complicidad con el terrorismo y sedición. “La persecución sistemática sin pruebas, sin delitos, en juicios armados, develan el odio por razones políticas del gobierno de Bolivia hacia quienes formamos parte del Proceso de Cambio. Libertad para Patricia, porque es una presa política", concluyó Arce.