El proyecto de Ley 199 de Estado de Excepción o estado de sitio que es impuesto por el jefe de Gobierno en caso de conmoción social, pretendería limitar la reacción del Estado, crear inestabilidad y blindar a los grupos que causen convulsión.    

En la nueva propuesta el artículo 24 plantea que se podrá dictar estado de excepción cuando “se constituya en una amenaza real de un estado de guerra internacional, invasión, ataque de una o más potencias extranjeras o fuerzas irregulares de extrema gravedad que puedan afectar los intereses de Bolivia”.

El abogado constitucionalista, César Cabrera, explicó que el régimen de excepción ya está previsto en la Constitución Política del Estado (CPE), del artículo 137 al 140, por lo que no es necesario “sobrelegislar”.

Ante el temor del MAS de que los derechos ciudadanos se vean restrinjidos, como en la crisis electoral del año pasado con la renuncia de Evo Morales por denuncia de fraude, Cabrera dice que eso no puede suceder.

“Un estado de excepción sólo puede restringir a su mínima expresión los derechos fundamentales y no puede limitar otros como el derecho a la expresión”, dijo.

El tanto, el senador Omar Aguilar señaló a los medios que el proyecto busca reglamentar los artículos de la CPE.

Uno de los artículos a regular es el 39 de la CPE: “El Ejecutivo rendirá cuentas a la Asamblea Legislativa Plurinacional de los motivos que dieron lugar a la declaración del estado de excepción, así como el uso que haya hecho de las facultades conferidas por ley”.   

Aguilar dijo que luego de los acontecimientos ocurridos en noviembre, “especialmente el mal uso de las armas de parte las Fuerzas Armadas, si revisamos la CPE establece que los estados de excepción están señalados y deben ser normados por ley y eso es lo que ha hecho la Asamblea”.

El proyecto de Ley 199 establece que “no se podrá dictar estado de excepción cuando se registren conflictos, agitación popular, movilizaciones sociales o las dificultades financieras, por sí solas o por subjetiva vinculación a entidades externas”.     

La asambleísta departamental Lizeth Beramendi dijo que el Legislativo está cumpliendo un rol político y no el de normar en beneficio del pueblo boliviano.

Beramendi considera que la ley de excepción busca “limitar la reacción de los Gobiernos que no sean del MAS frente al desorden que ellos mismos pueden generar, pero además se está violentando el Estado de derecho”.  

La legisladora cuestionó que el proyecto de ley surja luego de la convulsión de noviembre y atentados como la destrucción de una torre de comunicación en K’ara K’ara.

REACCIONES A LA LEY 199

Las reacciones de la oposición se centran en ver un plan para generar desestabilización en un futuro, si el MAS no recobra el poder por la vía democrática.

El senador Omar Aguilar, del MAS, rechaza que hay un plan de desestabilización. “Lo que establece esta ley es que así estemos en un estado de excepción a futuro se tiene que respetar por encima de todo los derechos constitucionales y los derechos humanos. Y no se puede hacer uso de armas letales en contra del pueblo”, dijo.

La asambleísta Lizeth Beramendi dijo que el uso de la fuerza del Ejército y la Policía ya está regulado. Y cree que sólo se busca “dejar en libertad las acciones de violencia”.