A estas alturas ya no se puede dudar que el MAS --siguiendo las instrucciones de su jefe-- está desarrollando su táctica de guerra civil de baja intensidad para desestabilizar en profundidad al Gobierno Transitorio. Este desarrollo suma cada vez nuevos frentes de conflicto. Ahora emergen los municipios medios y menores del país con huelgas de hambre --todos bajo alcaldías masistas--, exigiendo al Gobierno recursos económicos --dicen-- para luchar contra el coronavirus. Alegan que la pandemia los ha dejado sin liquidez. El Gobierno acaba de crear un Fondo de Emergencia Municipal; sin embargo, primero debería haber comprobado la realidad de los supuestos gastos. Los alcaldes huelguistas de hambre se aprestan al diálogo, pero mantienen su ayuno.

Kara Kara --zona de la ciudad de Cochabamba-- reinició su bloqueo a los depósitos de desechos sólidos de la urbe y está vez con la voladura de la torre repetidora de una empresa privada televisiva, aunque sus dirigentes dicen desconocer ese acto terrorista. Si antes la orden desde Buenos Aires era rendir a las ciudades por hambre, ahora es intoxicar a Cochabamba con los miasmas del virus y asfixiarla bajo toneladas de basura. Ambos son hechos genocidas y de fría crueldad criminal.

El trópico de ese departamento utiliza el anuncio del Gobierno de encapsularlo para frenar la alarmante propagación de contagios en los distintos municipios del Chapare. La presidenta del Senado, Eva Copa, en sintonía con los dirigentes de esa región, Rodríguez y Loza, dicen que el encapsulamiento es un acto de “venganza” y “discriminación” políticas contra la zona cocalera. Es irónica esta postura por herir contra la mano que les presta auxilio ante la letalidad del mal. La misma postura no se conmueve de que su hábitat conlleva más del 40% del total de afectados en dicho departamento y que la propagación es fruto de sus concentraciones políticas, bajo la consigna de que el virus es un “invento” del Gobierno.

A su vez, los dos tercios del Legislativo siguen instrumentando su política de apariencias sociales mediante la aprobación en las dos instancias de leyes demagógicas. Éstas, además de otras, son la del 50% de rebaja a las pensiones escolares de colegios particulares y de igual rebaja de los alquileres de toda clase de inmuebles en arrendamiento. Estas leyes buscan contribuir a un franco enfrentamiento y malestar social echando “más leña al fuego”, todo con el mismo designio desestabilizador. Durante 14 años el MAS instrumentó al Órgano Legislativo como una maquina propagandística del régimen masista en sus ensayos de atraer a los sectores populares, con este plan desnaturaliza la esencia legislativa que debe ser el epicentro del equilibrio y la reconciliación social en procura de un Estado de derecho.