Hace poco salió un artículo en un periódico de gran distribución en Bolivia que titulaba que un voto de la ciudad equivale a un tercio del voto en el campo. Esta fue una de las primeras noticias que se convirtió en una “verdad” o hecho ante la cual gran parte de la opinión pública se comenzó a posicionar. Este falso debate llevó a algunos a alegar que fue el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido en poder durante los últimos 14 años que, con intenciones políticas, al estilo gerrymandering, pudo reconfigurar el mapa electoral para sacar ventaja. Por otro lado, estaban personas dispuestas a creer esta desigualdad burda y defenderla con argumentos sobre la importancia de una sobrerrepresentación campesina y mayoritariamente indígena al fin. Sin embargo, ninguno de estos dos lados rinde justa cuenta de cómo funciona el sistema electoral y cómo se ha ido transformando en las últimas tres décadas. El artículo busca mostrar ciertos ejes claves del sistema electoral boliviano para comprender y rearticular dicho debate.

1.    El sistema electoral boliviano es proporcional- Esto significa que los distintos partidos o agrupaciones políticas tendrán una representación proporcional de diputados en la Asamblea Legislativa de acuerdo con la votación del candidato presidencial. Por ejemplo, en 1993 el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) obtuvo el 35% a nivel nacional y su representación en el Parlamento fue de 40%. En 1997, cuando se introdujo por primera vez el sistema de diputados uninominales, Acción Democrática Nacionalista (ADN) obtuvo una votación a nivel nacional del 22% y logró 24% de diputados. En el 2002 el MNR a nivel nacional obtuvo 22% y en diputados 27%. En 2005 el MAS logró 54% en la votación nacional y 55% de diputados. En 2009 el MAS tuvo 64% a nivel nacional y ocupó 68% de diputados y para el 2014 el MAS obtiene 61% de la votación nacional logrando 67% en diputados.

Es decir, la proporción de diputados que obtiene un partido u organización política en la Asamblea Legislativa está ligada sistemáticamente a la votación nacional. Esa proporcionalidad rara vez es exacta debido a factores como el bajo número de escaños en algunos departamentos. La desproporcionalidad que se genera no ha llegado a más de un 7% entre la votación nacional y el porcentaje de diputados y en promedio entre 1993 y el 2014 oscila alrededor de 4%.

El sistema proporcional para conformar la Cámara de Diputados es la razón por la cual el voto de la ciudad y el voto del campo valen esencialmente lo mismo. Lo que sí puede cambiar es la proporción entre diputados uninominales y plurinominales de un partido pero sin modificar la cantidad que le corresponde proporcionalmente. En otros términos, si un partido gana circunscripciones uninominales tendrá menos diputados plurinominales, no es que tendrá más diputados.

2.    La deseada igualdad del voto territorial – Si la Cámara de diputados tiene por objeto fundamental la representación de la población, el Senado se organiza alrededor del criterio territorial. La Constitución de 1967 asignó 3 senadores a cada departamento (dos para el partido ganador en el departamento, uno para el segundo). En la Constitución Política del Estado del 2009 se aumentó a 4 senadores, elegidos de forma proporcional.

Esto implica que prevalece el criterio de igualdad regional para la selección de senadores. Esto nace a partir de una larga historia de disputas sobre la hegemonía del centro político desde el siglo XIX en Bolivia. Si no fuera así actualmente, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba acumularían 71% de la representación de toda la Asamblea Legislativa dejando un 29% para ser repartida entre Oruro, Potosí, Chuquisaca, Pando, Tarija y Beni.
En términos políticos, ello implicaría una hegemonía en la Asamblea de los departamentos y las ciudades con mayor población. Mucho se ha repetido que, por ejemplo, en Pando se elige a un representante con menor votación que en La Paz o Santa Cruz. Esa reflexión no toma en cuenta que se estaría restando poder político a departamentos con valor geopolítico, relegados por el poder central en salud, educación entre otros.

Por otro lado, la constitución de 2009 creó 7 circunscripciones especiales indígenas, que siguieron una lógica similar a la territorial: la cultural de larga data. Las diputaciones de las circunscripciones especiales hacen un 4% de los curules dentro de toda la Asamblea Legislativa y un 5% del total de la cámara de diputados.

Ante la crisis de legitimidad de las autoridades electorales desde el Referéndum del 2016 la sociedad civil boliviana cuestiona en su justo derecho una serie de factores del sistema electoral que tenemos actualmente que ha sido implementado desde hace tres décadas sufriendo enmiendas, actualizaciones e innovaciones, pero manteniendo su principal pilar que es la proporcionalidad.

Sin embargo, este falso debate pone en riesgo el centro mismo de una elección, que es acordar, respetar y reconocer las reglas de juego establecidas por sucesivas votaciones nacionales que, sin duda, deben ser evaluadas y probablemente reformuladas por los representantes que escojamos.

La discusión sobre la igualdad del voto merece ser ampliada tomando en cuenta otros factores democráticos como la igualdad de las regiones, la representatividad étnica y la paridad de género. Son temas que ya viene discutido hace más de cincuenta años por especialistas en sistemas electorales, que, por más técnicos que suenen, no se restringen a concebir la repartición de escaños en una caja vacía sino en territorios con historia de desigualdades que se reproducen en el seno de toma de decisiones.

Las discusiones que insisten bajo el falso argumento que el voto rural vale más que el de las ciudades debieran tener cuidado que la representación política institucional boliviana se convierta en todavía más centralista pues en este debate de una búsqueda prístina y teórica de igualdad se traduzca en mayor desigualdad para sectores históricamente olvidados pues los grandes perdedores serían todas las regiones, menos La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

Resulta extraño pensar, que, en medio de la crisis sanitaria, cuando afloran las desigualdades económicas y regionales, y se evidencia con el caso catastrófico del Beni la lentitud estatal para atender a emergencias en territorios lejanos de los centros se discutan enmiendas que buscan ignorar éstas tangibles desigualdades regionales. El problema de discutir una supuesta “igualdad” vaciado de comprensiones históricas es que además de torturar datos para reforzar un argumento falso pone en riesgo décadas de luchas sociales, regionales y culturales en Bolivia.