En Yapacaní hubo un cerco, armado con alambres de púas y liderado por encapuchados que cometieron delitos al arrebatar a la Policía de sus vehículos y armamento. Ocurrió durante los 21 días de paro nacional de noviembre. Después hubo más movilizaciones en las que también se asaltó el edificio de la Policía y se obligó a que los uniformados salgan del pueblo para resguardar su seguridad. La consigna coincidía con la que manifestaban los dirigentes del Movimiento Al Socialismo: que se convoque a elecciones, que renuncie la presidenta y otras más. Lo cierto es que con esa conducta esos dirigentes tienen amedrentada a la población y además propiciaron la expansión del coronavirus al irrespetar la cuarentena.

Al pasar las protestas, hubo una explosión de contagios y también varios decesos, como consecuencia de las manifestaciones que no respetaban el distanciamiento social ni el uso de barbijos.

Lo mismo pasó el en trópico de Cochabamba. Allí hubo bloqueo de carretera y además desde la dirigencia cocalera se mantuvo el discurso que ignoraba el peligro de la pandemia, haciendo creer que era un invento del gobierno para afectar a los cocaleros o para prorrogarse en el poder. Pues la pandemia, que no discrimina ni hace política, llegó a esta zona. Ahora se sabe que casi la mitad de los fallecidos del departamento de Cochabamba vivían en el Chapare, donde incluso un alcalde está en grave estado de salud y ha sido trasladado a la capital.

La realidad demostró que los discursos que negaban el coronavirus eran falsos y, como eso afecta a los seguidores del MAS, surgen otras versiones que pretenden justificar la llegada de la pandemia, como que el Covid-19 fue trasladado en la comida. Es penoso que en un afán político partidario se juegue de esa manera con la salud de la población que es prisionera de tales inconductas.

Tanto en Yapacaní como en el Chapare se llegó al extremo de agredir a personal de salud en acciones incomprensibles e inadmisibles, demostrando la ausencia de Estado en estas regiones.

En Yapacaní se supo del retorno ‘pactado’ de la Policía, después de semanas de ausencia por la dictadura sindical que impera. No se sabe hasta cuándo los uniformados tendrán la ‘venia’ de los dirigentes. Lo que allá debería ocurrir es que se investiguen los asaltos a instalaciones policiales y que se sancione a los responsables de promoverlos y protagonizarlos. Lamentablemente, hasta el momento no se ha sabido de ninguno de los ‘encapuchados’ de noviembre procesado por sus actos vandálicos. El Gobierno debe actuar aplicando la ley como se debe. 

Por otro lado, en el trópico de Cochabamba se anunció encapsulamiento primero, después rastrillaje de casos, entre otras medidas. En realidad, lo que toca es que haya presencia del Estado y que la población se sienta protegida por su sistema de salud. El juego del ‘gato y el ratón’ entre el gobierno y el MAS no hace más que agravar la situación en esta zona, donde los habitantes requieren atención. La realidad de la pandemia mostrará si sus dirigentes les dicen la verdad o si los manipulan con falsos y dañinos discursos.