Con ese paso se allana la senda  de los comicios 2020,   queda que el Ministerio de Economía apruebe el presupuesto adicional que anunció el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para incluir medidas de bioseguridad, con el fin de mitigar y bajar los riesgos de contagio en la jornada de votación.

El TSE, con aval de la mayoría de los partidos y respaldo internacional, remitió un proyecto a la Asamblea Legislativa Plurinacional  para definir  la nueva fecha de los comicios. El documento fue sancionado el martes en el Legislativo y pasó al Ejecutivo.

    “La Presidenta promulgará esa ley por respeto a las instituciones de la democracia. Es decir, la promulgará porque la Asamblea y el TSE así lo solicitan con rapidez e insistencia”, según reza la carta pública del Ejecutivo que leyó el ministro Núñez. 

 En la misiva se da cuenta de que Añez y el Gobierno dejaron claro que “no obstaculizarán jamás la fecha de elecciones”.

“No queremos la más mínima duda sobre la idea de que alguien en el Gobierno estuviera intentando alargar la actual gestión de modo innecesario”, dice  en la carta que leyó Núñez, en la que también se señala que el Gobierno “quiere elecciones”, pero “las quiere cuidando la salud”. Según el Ejecutivo, “el punto más alto de contagios se dará precisamente entre mediados y finales de agosto, a pocos días de la fecha fijada para las elecciones”.

 El Gobierno pidió a los líderes  y autoridades que consensuaron la fecha del 6 de septiembre “que se hagan públicamente responsables de las consecuencias y los daños en salud que puedan generarse con la realización de las elecciones en el momento más grave de la pandemia”.

Tras el anuncio de la promulgación de Añez, queda que el Ministerio de Economía dé “luz verde” al presupuesto adicional que solicite el TSE para establecer medidas para evitar y reducir el riesgo de contagio  en la jornada electoral.

En la carta pública del Gobierno no se hizo referencia a este punto, ni el Ministro de la Presidencia realizó alguna declaración al respecto cuando dio la rueda de prensa y leyó la misiva

La Ley 1297 de postergación de las elecciones generales 2020 dispone que “en caso necesario, si la postergación generara costos adicionales para la reanudación del proceso electoral, el TSE podrá presentar un requerimiento de presupuesto adicional al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas”. (En enero, el TSE presupuestó 201 millones de bolivianos para las elecciones inicialmente previstas para el 3 de mayo). 

El martes, el presidente del TSE, Salvador Romero, indicó que esta semana dará a conocer el monto adicional al despacho de Economía.  Sobre el tema, surgieron voces en  redes  que rechazan que se dé recursos extra. El investigador en temas jurídicos Franz Rafael Barrios Gonzales dijo: “Las elecciones no constituyen una función suprema y menos una responsabilidad financiera de prioridad”. 

“Hay gente de buena fe que manifiesta su preocupación por el tema de salud, por el tema de la pandemia y a esas personas hay que darles mayores seguridades de que dentro de tres meses, que es cuando se va a llevar adelante la elección, que se haga con la más rigurosa seguridad, precautelando la vida y la salud de los electores”, sostuvo Ricardo Paz, jefe de campaña de Comunidad Ciudadana. 

No obstante, Paz manifestó que “hay otra gente  de mala fe”, que está interesada en que no se realicen las elecciones, y para eso pone “piedras en el camino”.

 Gilbert Méndez, coordinador nacional de campaña de Libre 21, expresó que con el anuncio del Ejecutivo de la promulgación se da “certidumbre”, pero hay una condicionante: “Que la seguridad de todos los ciudadanos de Bolivia esté garantizada”. 

  “Esta fecha  fue consensuada por todos los partidos, mal estarían haciendo algunos partidos en decir que solamente ellos no han entrado a este acuerdo ni a la consulta que hizo el TSE”, dijo.