La dirigencia cívica solicita que las elecciones se celebren cuando las autoridades electorales estén en condiciones de garantizar a los bolivianos que “nuestro voto va a valer y vamos a tener los gobernantes que estamos eligiendo”.

También piden autonomía de los tribunales electorales departamentales, para que haya transparencia durante el proceso de votación.

Asimismo, solicitan a la presidenta del Senado, Eva Copa, que aceleré las gestiones que permitan atacar la emergencia sanitaria y que trabajen en la aprobación de la ley que permita la reasignación de los recursos correspondientes al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), confiscados a los gobiernos subnacionales y universidades durante el periodo de Evo Morales, porque los más perjudicados son los municipios y gobernaciones del país.

Además, envíaron un mensaje al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, para que  evite pasar a la historia como el responsable de la muerte de muchos bolivianos, si no cambia la fecha de las elecciones, previstas actualmente para el 6 de septiembre. 

“Creo que lo más importante y lo necesario es que un Comité Científico Sanitario  diga cuándo la curva (del coronavirus) estará estabilizada, no es cuando a los políticos les interese hacer unas elecciones”.

Calvo remarcó que el pueblo boliviano quiere salud, tiene hambre y las elecciones son secundarias en este momento, donde solo se está exponiendo al pueblo boliviano.

La institución cívica ha venido insistiendo que se debe priorizar la vida, porque no se puede ir a elecciones en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

En un anterior pronunciamiento, los cívicos indicaron que era "un despropósito, una muestra de insensibilidad y crueldad pensar en elecciones, mientras miles de ciudadanos sufren y mueren por la enfermedad y el hambre provocada por la crisis económica”.

Insisten en que se tiene que ir a elecciones, pero la fecha de su realización debe determinarse de acuerdo a una decisión sanitaria, sustentada en criterios médicos y científicos, no por una decisión política.

Incluso, los cívicos consideran que las elecciones deben enmarcarse dentro de los 90 días después de suspendida la emergencia sanitaria en el territorio nacional para cumplir con las etapas que aún faltan en el calendario electoral.