En primer lugar, es fundamental contentar al MAS. Y, al parecer el MAS está contento. ¿Eso es poco? No, señor, sirve. Si el principal partido opositor, hoy en día, se siente a gusto con el tiempo fijado, es indudable que debemos aplaudir. En ese escenario, la Asamblea Legislativa se mantendría como lo hizo desde el 2010: callada. Inservible, pero servible: apoyan el día de la elección y no se deslenguan más. Asimismo, la ganancia adicional parecería apuntar a las movilizaciones en Yapacaní, El Alto, Llallagua y demás. Se lograría detenerlas. Al menos, se lograría que no irrumpan en las calles en pleno auge del coronavirus. En suma, el MAS electoralizado, es mejor que un MAS obstruccionista en la asamblea y violento en las calles. Y si después es necesario modificar la fecha ante posible subida de contagios, no hay duda que su apoyo será posible.

En segundo lugar, Comunidad Ciudadana esta auténticamente feliz. Es indudable que el coronavirus no importa, o importa poco, a algunos miembros de sus filas. Si se habla de retrasar las elecciones, se ve este acto como un engaño pro-gubernamental. Por ese motivo es útil saber que quedarán sosegados al menos mientras el acuerdo no solo se respete, sino se vaya respetando, en caso de que en agosto nos demos cuenta de que el virus ha avanzado y es imprescindible establecer un nuevo plazo. En suma, Comunidad Ciudadana queda temporalmente conforme.

En tercer lugar, Juntos queda descontento. Sí, claro que sí, pero lo acertado del asunto es que este estado de ánimo es imprescindible para obligarlos a negociar. He ahí la necesidad del asunto. Cabe admitir que no hay nada más pernicioso en política que los denominados “vacíos de poder”. ¿Qué es eso? Pues que nadie fije una fecha, que nadie sepa exactamente hasta cuándo se alarga el asunto y que, en definitiva, no haya certeza política que pueda contentar a la población y el asunto se prorrogue indefinidamente. Confirmar una fecha permite revertir ese vacío. Juntos siente que pierde poder y aquello los obliga(rá) a renegociar, repensando en una posible nueva fecha. En suma, Juntos, aunque preocupado, se pone, y debe poner, en campaña cronológica o sufrir la agonía de esta elección inmediata que, más allá de los contagiados, podría llevarse a cabo.

Y, en cuarto lugar, el Tribunal Electoral también se destaca. Aunque su mérito/apuesta estaría ligado/a a este doble propósito: anular, o al menos disminuir, el vacío de poder comentado previamente, junto con la posibilidad de modificar la fecha en respeto a una población incrementalmente contagiada, emprendiendo un nuevo acuerdo substancial. O sea, con menor riesgo y con la asistencia de todos los que deben estar. Es innegable que diversos temas de suma importancia aún deben ser tratados: destaca la entrega al MAS de aproximadamente un 60 por ciento del total de recursos de campaña que por ley otorga el Tribunal a los partidos, sin tomar en cuenta el fraude que montaron (de ahí el juicio iniciado por la Procuradoría contra el presidente del Tribunal exigiéndole llevar a juicio al MAS y no cometer la imprudencia de premiarlos con la impunidad, ¡y el 60 por ciento de los recursos!). Hay otros temas de indudable relevancia como el empadronamiento de 100 mil jóvenes que no tendrá lugar si la elección es en septiembre o la no discusión del exigido binomio partidario que no parecería importar en este momento. Y, sobre todo, parece quedar fuera el conteo exacto de personas que tendrían dificultades para ir a votar en septiembre: jóvenes, 80.000; ancianos, 800.000; enfermos de base por ejemplo de diabetes, cáncer o fibrosis pulmonar, 3.000.000; mujeres que administran su hogar solas, 500.000; discapacitados, 400.000; indígenas de tierras bajas, 200.000; bolivianos en el exterior: 350.000. 

He ahí algunas “ausencias” que deben considerarse, sin anular este posible re-encuentro cronológico. Este re-acuerdo de tiempos, por ende, parece imprescindible y, sobre todo, posible. En todo caso, se puede atisbar esta probable salida con un menor riesgo ante el coronavirus (sin eliminarlo, por supuesto, teniendo la certeza que de esa larga lista de “ausentes”, muchos no irían a votar siquiera en los siguientes meses). ¿Es posible? Nunca se puede estar seguro. El dogma cronológico quizás no se altere y miles de bolivianos lo sufran. Esperemos que sí pueda modificarse. Ganaríamos todos, la elección sería en noviembre o diciembre (se debe definir esa fecha) y se lograría un indispensable consenso a pesar de las diferencias. Mientras tanto, en todo caso, las aguas parecen menos embravecidas. Y eso es y puede ser bueno.