El Estado representativo, munido de legitimidad democrática, gobierna sin consultar a la sociedad, privatiza el agua, el gas, el petróleo, las telecomunicaciones, las culturas, el deporte, las empresas públicas, mientras el Estado democrático representativo, o mejor, la sociedad que lo sustenta, pugna por nacionalizar, por fortalecer las empresas públicas y por redistribuir el ingreso; la sociedad participa y vela, por ejemplo, que no se devalúe la moneda porque eso afectaría al costo de vida: lo elevaría sin control afectando el consumo, las jubilaciones, los intereses de la mayoría.

Por eso es importante que el Estado institucionalice mecanismos de participación de la sociedad en sus decisiones, en aquello que son bienes comunes que el Estado debe administrar.

El coronavirus ha transformado, ha transparentado la historia: una suerte de capitalismo salvaje ha impulsado a imponer a la sociedad decisiones públicas desacertadas, para las cuales no se consulta a la sociedad. Tenemos una sociedad desarticulada: 3.000 millones de habitantes del planeta que se han recluido en sus casas, que no hacen vida social, que viven aislados para contento del Estado, que entonces, con el pretexto de la pandemia, puede imponer sus criterios a la sociedad: declarar encapsulada una zona de cada república, el uso obligatorio del barbijo, quitarse la barba, cerrar ministerios o imponer políticas públicas que quizás la sociedad rechazaría o aprobaría, pero, en todo caso, debe ser consultada. El Estado busca no solo el monopolio de la violencia, sino también la privatización de la economía al amenazar con una devaluación pero, por astucia, sin atreverse a ella; al prevenir sobre la supuesta debacle de YPFB prontamente desmentida; al declarar la libre importación y exportación de bienes. Contra este Estado, la sociedad debe luchar con plena participación.